Valor cívico

COMO LE ha ocurrido al general Pinochet en Chile, el recurso al referéndum lleva años jugando malas pasadas al Ejército uruguayo. En noviembre de 1980, en una consulta de este tipo, los uruguayos rechazaron una nueva Constitución propuesta por el entonces presidente Méndez que amenazaba con eternizar la ocupación militar del poder político. El Ejército cerró los ojos, y, tras colocar en la presidencia a un general retirado, puso fuera de la ley a varios partidos políticos para que cuando se produjera el inevitable retorno a la vida civil no se hicieran demasiadas preguntas sobre la corrupción económica y la represión policial que habían presidido su largo paso por la vida de Uruguay.Cuatro años después del primer referéndum, la democracia volvió a Uruguay con la elección en comicios libres del candidato colorado (liberal) Julio María Sanguinetti. Otros cuatro años más tarde, es el pueblo el que recurre al referéndum para jugar una nueva mala pasada al Ejército. Pese a las considerables trabas puestas, los uruguayos consiguieron reunir anteayer el número suficiente de firmas para forzar la convocatoria de una consulta en torno a la llamada ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, eufemismo tras el que se esconde un punto final a la responsabilidad del Ejército por sus crímenes.

La ley fue aprobada en diciembre de 1986, y se aplicaba al período de 1973 a 1985 (se entendía que la lucha contra los Tupamaros -de 1967 a 1972- había sido una guerra y se eximía al Ejército de cualquier responsabilidad en ella). Era un respiro para el presidente Sanguinetti, siempre temeroso de las reacciones de la cúpula militar. Un respiro de corta duración, sin embargo, porque, apenas un mes más tarde, la coalición de centro-izquierda -el Frente Amplio-, los sindicatos y los grupos pro derechos humanos empezaron a recoger firmas para obtener el aval de un 25% de los electores que, según el precepto constitucional, es necesario para la convocatoria de un referéndum. Casi dos años más tarde, han conseguido 218 firmas más de las 555.701 necesarias. Una buena noticia que muestra el arraigo de los valores cívicos en un pueblo que no quiere perder la memoria. Que luego se consiga derrotar la ley del punto final o no es otra cuestión.

Contrasta este episodio con lo que está ocurriendo en la vecina República Argentina. Al igual que Sanguinetti, el presidente Alfonsín, legítimamente preocupado por la afición de los militares argentinos a hacer gala de su valor atrincherándose en sus cuarteles y disparando sobre la población civil, fue moderando sus promesas electorales de obligar a los mandos militares a responder de las atrocidades cometidas durante la dictadura. La ley de punto final argentina permitió sentar en el banquillo, en un proceso celebrado ante la justicia civil, a las cúpulas militares que dirigieron el país durante esa etapa. Un acontecimiento histórico cuyo único precedente moderno es lo ocurrido en Grecia tras la caída de la dictadura militar en julio de 1974. A cambio, las responsabilidades de la represión quedaban limitadas a esa misma cúpula. Lo que en su día fue elogiado como un acto de justificada prudencia política se ha ido volviendo en contra del Gobiemo democrático y del conjunto de la sociedad. Desde el estamento militar, la ley de punto final ha sido entendida como una especie de rendición de las instituciones políticas en la medida en que esa ley -condición necesaria, pero no suficiente- no fue acompañada de otras medidas tendentes a desmontar el enorme peso político que las fuerzas armadas han tenido tradicionalmente en Argentina. La marcha atrás está, sin embargo, prácticamente descartada debido al hecho de que a los argentinos les está constitucionalmente vedado recurrir al referéndum por convocatoria popular.