El Gobierno italiano aprueba un proyecto de ley que castiga con duras penas el consumo de drogas

El Consejo de Ministros italiano aprobó ayer el nuevo proyecto de ley sobre la droga, que revoluciona completamente la vieja legislación de 1975, al establecerse el principio de que drogarse será ilegal en este país. Al amparo de esta ley -una de las más rigurosas del mundo- serán castigados los vendedores, los productores de drogas y los consumidores, ya sea de sustancias duras o blandas, como es el caso de la marihuana o el hachís.

La ministra democristiana Rosa Russo Jervolino ha hecho votos para que el Parlamento apruebe cuanto antes dicho proyecto de ley, sobre cuya severidad tanto había insistido semanas atrás el secretario socialista, Bettino Craxi, que gana de esta manera la primera batalla en su lucha personal contra la droga. Según el proyecto de ley, en los casos de consumo "personal" y no "terapéutico" de droga dura, la pena será, en caso de drogadictos habituales, de dos a seis años de cárcel y una multa de medio millón a dos millones de pesetas.Para quienes sólo sean consumidores ocasionales, la pena prevista puede ser sustituida por la suspensión de dos a seis meses del carné de conducir, la retirada del pasaporte y la obligación de no alejarse del lugar de residencia y de presentarse cada día al puesto más cercano de la policía.

Comunidades terapéuticas

El consumo de drogas blandas, como el porro, será castigado con una pena de uno a cuatro años de cárcel y con una multa que va de 200.000 a 1.500.000 pesetas. Por lo que se refiere al cultivo, fabricación, distribución, oferta a terceros, compra o retención de droga, la pena va de ocho a 20 años de cárcel, y la multa, de cinco a 50 millones de pesetas. En dos casos está prevista la cadena perpetua: en el tráfico importante de droga y cuando se distribuya droga adulterada.Los drogadictos no serán obligados a internarse en una comunidad terapéutica, pero los jueces tendrán la libertad de disminuir la pena en caso de que el interesado decida voluntariamente entrar en una de dichas comunidades. Para los casos de recuperación definitiva tras la desintoxicación, el juez podría anular completamente la pena impuesta anteriormente. Será castigado también el abandono de jeringuillas, la instigación a drogarse, el proxenetismo y la publicidad de estupefacientes, sobre todo en relación con los menores de edad.

Un punto fundamental de la nueva ley es el énfasis que pone en la "prevención" por parte del Gobierno y el aumento de fondos del Estado en la guerra contra la droga. De los 1.200 millones de pesetas previstos inicialmente para el año próximo, se pasa a 10.300 millones, que se aumentarán a 11.300 en 1990 y a 12.000 en 1991. Todo el presupuesto destinado a la droga confluirá en un fondo único que será gestionado por la presidencia del Gobierno.

Luigi Ciotti, presidente de la unión nacional de comunidades terapéuticas para drogadictos, ha afirmado que aunque está de acuerdo con la severidad contra productores y traficantes, le parece que el Gobierno "ha emprendido un camino equivocado" por lo que se refiere a las penas y sanciones a los drogadictos y confía en que el Parlamento suavice la ley en este punto.