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El jefe de las tropas argentinas sublevadas, "trasladado" a un cuartel de Buenos Aires

El coronel Mohamed Alí Seineldín, cabecilla de las tropas sublevadas del Ejército de Tierra argentino, fue "trasladado" ayer a mediodía desde el batallón de Logística de Villa Martelli, donde se había atrincherado, al regimiento de Patricios, ex sede del Comando de Cuerpo número 1 ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Seineldín quedó allí al mando del general Isidro Bonifacio Cáceres, testigo del pacto que Seineldín firmó con el general José Caridi, jefe de Estado Mayor del arma. El presidente Raúl Alfonsín insistió, en un acto público, en que "no se aceptó ninguna condición", aunque admitió luego que "sólo un necio podría ignorar que existen inquietudes en las fuerzas armadas".

La grave crisis militar que mantuvo en vilo al país durante cuatro días y que provocó tres muertos -dos civiles y un agente de policía, además de otros 40 heridos- en enfrentamientos en los que participaron tropas leales, rebeldes, policías y manifestantes quedó encerrada ayer entre tres edificios separados por menos de 100 metros de distancia: la Casa Rosada, sede del Gobierno, el comando en jefe del Ejército y el Ministerio de Defensa.El presidente Alfonsín aprovechó el discurso inaugural que debía pronunciar en la asamblea general de productores agrarios para ratificar que "no se aceptó ninguna condición" y para defender al vicepresidente Víctor Martínez, de quien destacó su "lealtad e ideoneidad". Martínez declaró el viernes -cuando Alfonsín aún no había regresado al país de su viaje a México y Estados Unidos- que el conflicto estaba "superado" y que se debían "atender y estudiar" las demandas de los sublevados.

Reestructuración de los mandos

Por su parte, el general José Caridi, que pactó con Seineldín el "cese de hostilidades" se reunió con el general Isidro Cáceres para analizar la "reestructuración de los mandos", tal como informó el Ejército en un comunicado oficial. Las tropas que respaldan a Seineldín abandonaron los cuarteles que habían tomado y regresaron con sus armas y equipos al destino que tenían antes del alzamiento.

Sólo los comandos de la agrupación Albatros, de la Prefectura Naval, que se fugaron de su base en la madrugada del pasado jueves y se sumaron luego a las fuerzas del coronel Seineldín, quedaron "arrestados y a disposición del juez".

El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que debía presentarse hoy por la mañana para informar a los senadores de la oposición, viajó a Córdoba. En esa provincia se entrevistó con el general Roberto Domínguez, jefe del poderoso Tercer Cuerpo del Ejército de Tierra, la unidad de combate en la que se produjeron más adhesiones a los sublevados y se registraron "actos de indisciplina" como el de la brigada aerotransportada, que se negó a participar de la represión del alzamiento.

Jaunarena se había reunido antes con Caridi y Cáceres. En un comunicado oficial, el ministro de Defensa pidió a la población que no se dejara "confundir por versiones carentes de fundamento alguno".

La tarea de difusión del Gobierno, para que la sociedad se convenza de que esta vez ha dicho no, continúa sin pausa. El lunes por la noche, en los telediarios de las cadenas de televisión en manos del Estado, se informaba con énfasis de la detención de los comandos de la Prefectura Naval, pero no se aclaraba que la orden del juez no se pudo cumplir porque las tropas sublevadas pincharon los neumáticos de los autobuses que fueron enviados a buscarlos.

El efecto del bombardeo por medio de todos los medios de comunicación no se nota en la calle, ni en los periódicos o las radios independientes. Todos aguardan la noticia que explique al fin cómo se resolvió la crisis. Una alta fuente del Gobierno admitió que "Dante Caridi es el jefe de Estado Mayor y tiene la confianza del presidente, pero nada se podrá hacer si insiste en pasar a retiro".

Un "duro democrático"

Los sublevados han propuesto para reemplazarle al general Isidro Bonificio Cáceres, considerado por ellos "como un profesional, un soldado y no un general de escritorio". Cáceres, calificado de "duro pero democrático", nacido en la provincia de Corrientes, al noreste del país, no tiene ascendencia militar. De origen humilde, educado en colegios católicos, es un fanático religioso.

Los curas que le protegieron en su adolescencia, luego le apoyaron para que continuara la carrera en el Colegio Militar. Los grupos defensores de los derechos humanos no le denunciaron como represor durante la dictadura y su prestigio dentro del Ejército creció luego de la guerra de las Malvinas, en 1982. Los comandos encabezados por Seineldín y por el teniente coronel Aldo Rico, que participaron en dicha guerra, le admiran "porque fue el único general que no se rindió". La sublevación de Seineldín es la tercera que se produce en los últimos 18 meses. Las dos anteriores fueron protagonizada por Rico.

La 'ideología carapintada'

Desde que en abril de 1987 los comandos, que entonces lideraba el ex teniente coronel Aldo Rico, se ensuciaron con betún para que no quedaran dudas de sus intenciones guerreras, a las tropas sublevadas se las llama popularmente los caras pintadas. Después de aquella Semana Santa, el alzamiento posterior que acabó con la rendición de Rico en el cuartel de Monte Caseros en enero de este año, y del amotinamiento iniciado el pasado jueves, se puede confirmar ya que la ideología carapintada ha sido comprendida por algunos sectores políticos y sociales.El viernes, cuando los líderes de los partidos fueron convocados por el Gobierno para firmar un documento conjunto -en que se comprometían a defender el sistema democrático y se manifestaban dispuestos a "no aceptar" ninguna de las exigencias-, el líder de la Unión de Centro Democrático, Álvaro Alsogaray, aclaró que no estaba de acuerdo con el punto 3, en el que decía: "Respaldan la plena aplicación de la ley en el juzgamiento y castigo de los actores de la intentona". Alsogaray, apodado El Chancho, un ex capitán del Ejército con título de ingeniero militar, colaborador y cómplice de varias dictaduras, que desembocó al fin en líder "liberal", insistió el lunes en que "una cosa es el respaldo institucional y otra la solución del problema militar". "Radicales y peronistas tienen que decidirse, porque si aceptan que se llame genocidas a las fuerzas armadas y participan de la campaña de desprestigio por todos los medios, tendrán que disolver el Ejército. Si no es así, deben terminar las acusaciones y los juicios".

La reconciliación

El domingo, cuando el general Caridi, jefe de Estado Mayor del Ejército, se convertía en portavoz de los sublevados y demoraba la orden de sofocar la intentona, el diario Clarín dedicaba el editorial a Los dilemas del SIDA. El lunes, con el título de Una vez más, el mismo diario, defensor del interés de los grupos económicos más poderosos del país, opinaba que "si los problemas no resueltos llevan a situaciones como la vivida estos días, entonces está claro que la necesidad de la reconciliación de los argentinos está por encima de todas las cosas. Hagamos de ello nuestro norte y podremos decir que hemos aprendido la lección". En ese momento todos los medios, y también Clarín, daban cuenta de las expresiones de condena de todo el mundo.

Por su parte, el cardenal Raúl Primatesta, presidente de la conferencia episcopal argentina, "interpretando el sentir de todos los obispos", decía el domingo: "Todo se puede lograr por el diálogo y la participación respetuosa y responsable".

Ayer el diario La Nación, portavoz de las corporaciones terratenientes, publicó una entrevista con el capitán Luis Brum, protagonista en los dos alzamientos anteriores y ayudante de campo de Seineldín en el último. Allí Brum define así la ideología carapintada: "Nosotros no cuestionamos el régimen democrático, lo que queremos es poder hablar de cuál es el proyecto de nación que pretendemos. Nos da la impresión de que se salvan una serie de errores de la conducción política buscando taparlos con el famoso tema de la democracia...".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de diciembre de 1988

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