Izquierda Unida y Euskadiko Ezkerra impiden que el Congreso apruebe una proposición para evitar la huelga

Izquierda Unida y Euskadiko Ezkerra impidieron ayer que el Congreso instara "al Gobierno, empresarios y sindicatos" a establecer un diálogo urgente para evitar la huelga general convocada para el día 14. El portavoz de Minoría Catalana, Miquel Roca, había hecho una proposición en este sentido que requería la unanimidad, ya que implicaba cambiar el orden del día de Pleno. El portavoz socialista, Eduardo Martín Toval, señaló tras esta iniciativa que su grupo aceptaba la propuesta, y el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, manifestó en los pasillos de la Cámara baja que la consideraba "positiva".

De forma sorpresiva para los portavoces, Roca había pedido la alteración del orden del día del pleno para que la Cámara suscribiera la siguiente proposición: "El Congreso insta al Gobierno, organizaciones sindicales y empresariales para que abran una urgente negociación, que permita, por la vía del diálogo y de la concertación, dejar sin efecto la convocatoria de huelga señalada para el día 14 de diciembre".La iniciativa de Roca se produjo tras una interpelación al Gobierno del Partido Liberal, a través de la cual Ejecutivo y, oposición expusieron sus posiciones sobre la huelga, que sólo cuenta en la Cámara con el apoyo de IU y Euskadiko Ezkerra.

Se trataba con la proposición de que el Parlamento interviniera en este conflicto, lo que no fue posible por razones reglamentistas, ya que la introducción de esta propuesta implicaba cambiar el orden del día del Pleno, para lo que se requiere la unanimidad, que fue rota por Nicolás Sartorius (lzquierda Unida) y Juan María Bandrés (Euskadiko Ezkerra). Este último indicó que estaba dispuesto a instar al diálogo entre los agentes sociales cualquier día del año, pero no cuando está en marcha una huelga general. Sartorius interpretó que la propuesta de Roca era una maniobra para impedir el paro previsto.

Provocar tensiones

Aunque a este desenlace se llegó pasadas las once de la noche, el debate había comenzado con la intervención del autor de la interpelación, José Antonio Segurado, presidente del Partido Liberal. Segurado acusó al Gobierno de provocar por su actitud las tensiones sociales que han derivado en la convocatoria de huelga, aunque no comparte la tesis de que ésta sea proporciona y justificada con los motivos que se han aducido para convocarla.

A su juicio, lo que ha ocurrido es que tanto sindicatos como partidos consideran que el Ejecutivo no mantiene una actitud que haga posible el desarrollo de la gestión política y social cotidiana en condiciones de tranquilidad y diálogo constructivo.

Esta crítica a la actitud del Gobierno "prepotente y arrogante" fue una constante en las intervenciones de los portavoces de la oposición.

En su respuesta, el ministro le Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, calificó la huelga de improcedente "porque pretende modificar la política de un Gobierno al margen de las urnas; infundada, por cuanto el Plan de Empleo Juvenil es una necesidad, y desproporcionada, por los costes que implica".

El ministro invitó a los sindicatos a que abandonen "la política del músculo, que sólo les conduce al testimonialismo y a enajenarse del aprecio ciudadano, que es el que va a padecer la exhibición de su fuerza". Por último, hizo una apelación dirigida a los sindicatos, a los que consideró "instrumento necesario de progreso y garantía de paz social", para que volvieran al camino "de la razón y el diálogo".

El representante socialista, Eduardo Martín Toval, anunció que su grupo aceptaba la propuesta de Minoría Catalana. Juan Ramón Calero, portavoz de Alianza Popular, dijo que su grupo estaba dispuesto a firmar esa proposición siempre que se incluyese que el Gobierno se comprometía a añadir a los Presupuestos Generales del Estado una partida de 78.000 millones de pesetas para compensar a funcionarios y pensionistas "como pidió UGT a los grupos parlamentarios". Calero agregó que le hubiese gustado que el Congreso, "sin pretender suplantar al comité de huelga", hubiera podido intervenir para evitar el paro.

Antes que Calero, el portavoz de Izquierda Unida, Gerardo Iglesias, tuvo serias dificultades para fijar su posición dada la actitud de un sector de diputados socialistas que no dejaron de abuchear y hacer mofa de las palabras del portavoz comunista. Iglesias calificó la iniciativa de Roca de "maniobra guarra para desactivar la huelga" y acusó al Gobierno de marginar a los sindicatos y de convertir la calle "en un espacio de cabreo".

José María Rioboo, del Centro Democrático y Social, y Félix Manuel Pérez Millares, de la Democracia Cristiana, aunque contrarios a la huelga, también aludieron a la forma de gobernar de los socialistas, que produce, según ellos, frustración y crispación en la sociedad.