Salvapatrias

HABIENDO SIDO víctima de dos atentados fallidos y de varias amenazas ultras, las llamadas que advertían de que Fermín Urtizberea -concejal de Hondarribia por Herri Batasuna que permaneció tres días desaparecido- había sido asesinado eran lo suficientemente verosímiles como para suscitar seria preocupación. Por ello, su aparición con vida ha sido acogida con alivio por quienes desean un futuro de convivencia civilizada en Euskadi y, más que probablemente, con disgusto por quienes atisban con esperanza cualquier síntoma que pueda indicar un futuro de enfrentamiento civil.Los matones que han secuestrado y torturado a Urtizberea durante tres días han elegido para firmar su acción unas siglas que incluyen la palabra antiterrorista. Nada puede en estos momentos resultar más estimulante para los terroristas, a la búsqueda desesperada de nuevos motivos para su escalada de crímenes, que la aparición de otros salvapatrias dispuestos, como ellos, a secuestrar, torturar y asesinar. La sociedad vasca está superando trabajosamente el clima de amedrentamiento impuesto de forma permanente por ETA. Ha sido decisiva para ello la actitud de las fuerzas democráticas, que acaban de reiterar su negativa a reconocer cualquier legitimidad a quienes se atribuyen el derecho a matar en nombre de la patria vasca. Esta actitud ha cambiado radicalmente el escenario político vasco en los últimos meses, cortando la hierba bajo los pies de los violentos. Pues bien: como ha ocurrido en ocasiones anteriores, es el momento elegido por estos salvadores de pacotilla para intentar desviar la atención de la población hacia el enfrentamiento entre bandas rivales, cargar las baterías de los que secuestraron a Revilla, diluir el clima de rechazo a los violentos y quebrar el frente democrático mediante la provocación.

El Partido Nacionalista Vasco ha llamado la atención sobre los efectos que una resurrección de episodios de guerra sucia podría tener sobre la sociedad vasca en estos momentos. En primer lugar, el de destruir aquellos principios "que nos dan legitimidad para condenar a los violentos". Desoír esta advertencia sería insensato y revelaría grave desconocimiento de los sutiles hilos de que depende la convivencia en Euskadi. Hay suficientes experiencias para temer que pueda desandarse en una semana lo que ha costado años avanzar.

Pero no se trata únicamente de una cuestión de oportunidad. Incluso si se demostrase que acciones como el secuestro del concejal de Hondarribia pudieran ser inmediatamente eficaces desde cualquier punto de vista, la condena debería ser la misma. Y ello porque de nada serviría debilitar las filas de los terroristas si el precio a pagar fuera que los valores por ellos proclamados -el desprecio a la vida, la exaltación de la fuerza- llegasen a ser aceptados por la sociedad. Ése es precisamente el objetivo último de los que colocaron la bomba de Hipercor o asesinaron a Yoyes.

Por lo demás, la reacción de los militantes y simpatizantes de Herri Batasuna que atacaron violentamente al alcalde y concejales de Hondarribia que no secundaron la moción por ellos presentada, que destrozaron autobuses públicos y provocaron otros desmanes en protesta por el secuestro de su concejal, revela la doble moral de un partido que nada tuvo que decir ante los cadáveres de las niñas, hijas de guardias civiles, destrozadas por una bomba en Zaragoza. Los crímenes lo son independientemente de quien los firme. Y tan despreciables son los cometidos en nombre de la patria vasca como los reivindicados evocando el nombre de España.