El Gobierno reorienta el gasto público para atender la demanda de servicios e infraestructuras

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1989, enviado ayer por el Gobierno al Congreso de Diputados y que será presentado hoy en conferencia de Prensa por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, acomete una reorientación del gasto público para atender la demanda de servicios sociales y dotar a la economía de mayor competitividad en el horizonte de 1992. Los gastos del Estado, que elevará sus inversiones reales un 39,6%, aumentarán otra vez a tasas muy superiores a la suma de la inflación y del crecimiento económico; el incremento de los gastos sobre los presupuestos de 1988 será del 19,5% o del 14,8%, según se consideren o no los gastos financieros. El avance de los ingresos será superior -hasta 19,7% sobre las cifras iniciales de 1988-, para poder también reducir el, déficit público.Al depositar simbólicamente en el Congreso de Diputados un juego de la documentación que utilizarán los parlamentarios para debatir el proyecto de ley en los próximos tres meses, Carlos Solchaga se limitó a decir que estos Presupuestos representan la continuidad en la línea de los últimos años y en el el espíritu de la política económica desarrollada por los gobiernos de Felipe González. El ministro de Economía, cuyo departamento no repartió ayer a los diputados los gruesos tomos del proyecto para evitar filtraciones periodísticas, dijo también que este año el Ejecutivo explicará en un tomo aparte el cierre del caso Rumasa en materia presupuestaria.

Doble continuidad

El proyecto de presupuestos firma la línea de continuidad a la que se refirió Solchaga, al menos en un doble sentido. En primer lugar, prevé otra vez para los gastos, y en mayor medida para los ingresos, un ritmo de crecimiento mayor que el supuesto para la actividad económica nominal, como ha ocurrido en los últimos años. Además, la continuidad resalta en que el Gobierno ha optado por mantener para 1989, con escasas variaciones dirigidas a potenciar la recaudación -rebaja neta de deducciones fiscales a las empresas, ligeras subidas de varios tipos en el IRPF y en el IVA, así como aumentos generalizados para el tabaco y el alcohol-, el entramado de normas tributarías que permitirán en 1988 ingresar al Estado cerca de 500.000 millones más de los presupuestados, después del exceso de 750.000 millones registrado en 1987.

Por el aumento de los gastos -un 19,7% para el Estado sobre los presupuestos de 1988 y un 11,5% para la Seguridad Social-, el Estado aumentará su peso sobre el producto interior bruto (PIB) en 0,8 puntos (hasta el 23,5%). Sin embargo, el Gobierno dice que aquél sólo aumentará realmente en 0,3 puntos, porque los gastos finales de 1988 serán un 3,2% superiores a los presupuestados, lo que se confirmaría si en 1989 no volviera a registrarse otra desviación al alza, habitual en los últimos años. Pero con los organismos autónomos y la Seguridad Social, y si se considera la globalidad de los gastos -incluidos los financieros-, el avance será desde el 36,4%. al 38,8% del PIB.

Igualmente, el aumento presupuestado en la presión fiscal asciende a 1,5 pesetas por cada 100 de valor añadido que genere el año próximo la economía, si se consideran todos los ingresos (hasta el 20,7% del PIB), o de 1,7 pesetas si sólo se consideran los ingresos procedentes de impuestos directos e indirectos (hasta el 18,4% del PIB). Sin embargo, el proyecto, continuista también respecto a la nueva línea iniciada en 1988 de atender mejor los servicios públicos (educación, justicia y sanidad), abre una nueva etapa al incrementar la inversión pública en tasas sin precedentes en las dos últimas décadas, con el fin de mejorar las infraestructuras a través de las fuertes elevaciones de obras públicas, transportes y comunicaciones.

Esto último supone el inicio de una reordenación del gasto para la que se fija como horizonte 1992 y durante la cual los esfuerzos en infrastructuras, educación, sanidad y justicia, así como en pensiones, serán compensados por recortes en áreas como la protección al paro, los intereses de la deuda pública y la política industrial.

Los ministerios para los que el Gobierno propone mayores incrementos relativos de gastos no financieros -hecha la salvedad de que en sanidad y consumo aparecen por primera vez los 1,3 billones del Instituto Nacional de la Salud- son precisamente el de Obras Públicas (58%), Trans portes, Turismo y Comunicacio nes (23%) y Educación y Ciencia (20,2%), junto con el de Econo mía y Hacienda. El total presu puestado para el Estado ascien de a 9,9 billones de pesetas, un 14,8% más que en 1988, aunque con la variación de pasivos finan cieros alcanza los 10,6 billones y el 19,5% de incremento. Si se su man la Seguridad Social -con un incremento del 11,5%- y los organismos autónomos, los presupuestos de las administraciones centrales son de 16,18 billones de pesetas, un 14,1 % más que en 1988.