La adhesión al SME

RESULTA SORPRENDENTE que el problema de la eventual integración de España en el Sistema Monetario Europeo (SME) no haya sido hasta ahora discutido ni explicado por las autoridades a la opinión pública, y ello a pesar de tratarse de una cuestión de importancia vital para nuestra economía. De las escasas declaraciones públicas relativas a este asunto cabe deducir que el Gobierno tiene la intención de adherirse al SME en el otoño próximo, sin que haya sido posible obtener más precisiones sobre los términos de la negociación -si es que se está produciendo-, sobre las condiciones de adhesión ni sobre los compromisos que eventualmente adquirirá nuestro país en relación con los restantes miembros de la Comunidad.Las ventajas de la adhesión al SME consisten, a corto plazo, en una mayor estabilidad cambiaria en relación con las monedas que forman parte del sistema y que corresponden a los principales países europeos, con la notable excepción del Reino Unido. A medio plazo, los tipos de interés deberían también aproximarse y reducir su variabilidad, especialmente a partir del momento en que se aplique sin restricciones la libre circulación de capitales. A plazo más largo, la consolidación de la Comunidad como un espacio económico homogéneo dependerá estrechamente de su capacidad para establecer una moneda única entre los países que la forman. La eventual creación de un banco central europeo constituye una de las piezas esenciales de la construcción de la unidad monetaria en Europa.

Pero la adhesión al SME no sólo acarrea ventajas: en primer lugar, la adopción de una disciplina cambiaria mucho más estricta que la actual implica necesariamente una mayor convergencia de nuestra política económica con la de los demás países de la Comunidad, y muy especialmente con la de Alemania Occidental. Se trata de un problema fundamental, ya que la política económica de este país se caracteriza por la prioridad absoluta otorgada a la lucha contra la inflación, incluso si el precio pagado por ello ha sido un crecimiento económico muy bajo, que ha dificultado -y dificulta- no ya el crecimiento económico en Europa, sino también el ajuste económico mundial. Aunque teóricamente la adhesión al SME no requiere la alineación de nuestra tasa de crecimiento con la alemana occidental, en la práctica la reducción de nuestra tasa de inflación a límites compatibles con la que prevalece en la RFA (entre el 0% y el 1 %) implicaría, casi con seguridad, una reducción apreciable de nuestra tasa de crecimiento, al menos a corto plazo. Los más optimistas auguran que la estabilidad de precios en nuestro país provocaría fuertes inversiones, en parte alemanas occidentales, en el mismo, pues las oportunidades inversoras son, en principio, bastante mayores en España que en los países más desarrollados de la Comunidad. Los pesimistas señalan que los problemas no se resolverán de la noche a la mañana y que, si no se toman precauciones, la pérdida de competitividad de nuestros productos como consecuencia, al menos en los primeros años de adhesión al SME, de un crecimiento previsiblemente más elevado de los costes en España llevaría al endurecimiento de la política económica y a previsibles devaluaciones de nuestra moneda, a menos que la banda de fluctuación elegida permitiese una cierta flexibilidad inicial. El problema de la banda de fluctuación aparece así como una cuestión central en todo este asunto: en principio, España tiene una buena razón para pedir, en el caso de haberse decidido por la adhesión, una banda relativamente amplia, del orden de la italiana (un 6% a cada lado del eje central, frente al 2,25%. del resto de los países). La razón fundamental estriba, aparte los problemas de costes internos, en los acuerdos suscritos en el momento del ingreso en la CE, que prevén un desarme arancelario de aquí a 1992: la rebaja de los aranceles dañará la competitividad de los productos españoles dentro del propio mercado español. Lo menos que puede decirse es que hasta ahora constituye una incógnita los términos en que las autoridades españolas han planteado este problema a las autoridades comunitarias, si es que se lo han planteado.