El fiscal pide 13 años para un recaudador de Sabadell por malversación de fondos

El ministerio fiscal ha solicitado en sus calificaciones provisionales 13 años de prisión para Luis Olivar Álvarez, titular de una oficina de recaudación de impuestos, dependiente de la Diputación de Barcelona, en Sabadell. Olivar está procesado como presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos al ingresar en su cuenta particular casi 51 millones de pesetas cobrados a los contribuyentes.

Según el informe provisional del fiscal, Olivar Alvarez ingresó en sus cuentas a lo largo de 1983 50.817.744 pesetas, cantidad que ahora le solicita en concepto de indemnización al Estado, informa Efe.Las irregularidades cometidas por el funcionario fueron descubiertas en diciembre de 1983, fecha en que cuatro inspectores del Ministerio de Hacienda comenzaron una investigación que concluyó en 1985 con la suspensión a perpetuidad del implicado, a quien se imputaron tres faltas graves y una muy grave. Las pesquisas desvelaron que Luis Olivar era titular de una cuenta corriente en el Banco de Sabadell, cuyo saldo medio de 1983 ascendía a 147 millones de pesetas.

Según las investigaciones, el ahora procesado habría conseguido extratipos bancarios al depositar en su cuenta grandes sumas, procedentes de la recaudación, cuyos intereses se embolsaba. Otra fórmula de apropiación indebida habría consistido en acceder al cobro fraccionado de la deuda de determinados empresarios, reteniendo, estas cantidades hasta la liquidación total de la deuda.

Impuestos municipales

Luis Olivar era jefe del servicio de recaudación de impuestos del Vallés Occidental, zona que por su volumen de población e industrias es una de las más importantes de Cataluña. El servicio, que dependía de la dirección general del Tesoro, aunque era la Diputación de Barcelona la encargada de prestarlo, consistía en cobrar los impuestos municipales que recauda el Estado mediante recibo (contribuciones urbana y rústica, y licencia fiscal) y todos los demás impuestos estatales que se satisfacen por autoliquidación cuando hay que recurrir a la vía de apremio.A finales del pasado año, la Diputación Provincial de Barcelona decidió abrir una investigación para esclarecer las irregularidades detectadas en sus oficinas de recaudación de impuestos. Esta investigación culminó con la presentación, de numerosas denuncias, en diferentes juzgados de la provincia, a principios de este año, contra diversas personas adscritas a estas oficinas, por haber cobrado supuestamente a los contribuyentes costas por embargos superiores a las permitidas.

El importe de las costas cobradas ilegalmente por el personal de estas oficinas a lo largo del pasado año podría superar los 47 millones de pesetas, según estimaciones del grupo de estafas de la Guardia Civil.

El informe policial concuerda en líneas generales con un estudio efectuado por una empresa auditora que cifra en 47 millones de pesetas la cantidad cobrada ilegalmente por 17 oficinas de recaudación de impuestos dependientes de la Diputación de Barcelona.