España informa a la OMS de la aparición de enfermedades derivadas de la pobreza
FRANCISCO MERCADO El Ministerio de Sanidad ha presentado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el informe Estrategias de salud para todos en el año 2000, en el que adapta a la realidad nacional los 38 objetivos marcados por la OMS para Europa. El documento realiza un severo análisis de la salud de los españoles y admite que "el impacto de la crisis económica y la cronicidad de una elevadísima tasa de paro (sobre una población con bajo porcentaje de actividad) empiezan a notarse en la presentación de cuadros de enfermedades relacionadas con la pobreza, y puede esperarse la plenitud de sus efectos retardados en los próximos años".
El documento dibuja una evolución de la salud de los españoles similar a la existente en otros países europeos, pero no deja de señalar preocupantes lagunas sanitarias."Las enfermedades crónicas y degenerativas sustituyen a infecciosas y carenciales, aunque la prevalencia de algunas infecciones asociadas a la persistencia de situaciones de marginación social y pobreza (tuberculosis, lepra), derivadas de una infraestructura de: saneamiento deficiente (hepatitis A, fiebres tifoideas, disenterías por shiguella y las enteriltis y diarreas por diversos gérmenes) o vinculadas a unas pobres prácticas higiénicas como ciertas zoonosis [enfermedades transmitidas por animales, como brucelosis e hidatidosis especialmentel se mantiene a unas cotas excesivamente altas para el nivel de desarrollo económico español".
También se señala el peso creciente de las infecciones hospitalarias. "Reducen la eficacia del sistema de cuidados de salud y se traducen además en importantes costes económicos y sociales". "La aparición de nuevas patologías infecciosas, a veces con carácter alarmante como el SIDA, hace que nos encontremos relativamente indefensos por carecer de vacunas o estrategias adecuadas para modificar las conductas de riesgo", se admite.
Vertiginoso cambio
El documento añade que "el vertiginoso cambio en los hábitos de consumo de sustancias tóxicas como alcohol, tabaco, medicamentos y drogas ¡legales, significa entre otras cosas, un aumento del cáncer pulmonar, la cirrosis y los accidentes de tráfico".
El texto reconoce que "episodios como la intoxicación masiva atribuida al aceite adulterado (20.000 hospitalizados, 450 muertos) reflejan un pobre control sobre los productos de consumo, herencia de un aparato administrativo poco dispuesto a intervenir eficazmente". Y también se reprocha que "la falta de hábitos asociativos para la defensa de los intereses ciudadanos no facilita la tarea de articular medidas efectivas de protección de los consumidores".
El sistema sanitario también es objeto de crítica. "Con una financiación pública del 75%, continúa basado en las aportaciones y red asistencial de la Seguridad Social. Se encuentra todavía bastante centrado en los hospitales, su integración es deficiente coexistiendo una multiplicidad de redes públicas, y dista aún de ser equitativo; el proceso de adaptación a la nueva configuración autonómica del Estado está pendiente de consolidación".
El informe remacha que las cinco principales causas de muerte en España son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las respiratorias, las digestivas y los accidentes de tráfico.
También se apunta la importancia creciente de los accidentes laborales, atribuidos a la industrialización acelerada de1950 a 1970 y a la "incorporación de mano de obra con escasa o nula preparación a puestos de trabajo sin las suficientes garantías de seguridad e higiene". El texto afirma que un 15% de la población sufre alguna limitación para desarrollar una actividad considerada fundamental.
Ancianos y minusválidos
También se constata un envejecimiento de la población española. El 12,1% de los españoles supera los 65 años, porcentaje que era sólo de un 7,2% hace 38 años. De los ancianos se dice lo siguiente en el documento: "Se pretenderá el mantenimiento de los viejos de forma autónoma y razonablemente independiente, en su medio habitual, durante el mayor tiempo posible".
Sanidad no oculta el impacto económico de esta medida: "De esta forma se reducirá a medio y largo plazo la necesidad de cuidados geriátricos especializados, con altas estancias y altos costes". La Administración afirma que ancianos y minusválidos deberán ser atendidos por un "voluntariado informal", cuyo desarrollo no se concreta, y sólo intervendrá cuando esta acción se revele insuficiente.
