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Editorial:

La sentencia

LA MÁS esperada sentencia desde la del 23-F, hecha pública ayer, condena a tres de los policías inculpados en el sumario por la desaparición de, Santiago Corella, el Nani, a penas de casi 30 años de cárcel, 20 de ellos por un delito de "detención ilegal con desaparición forzosa". Culmina con ello, cinco años después de que se produjeran los hechos, un proceso cuya vista pública se prolongó por espacio de 82 sesiones, cuyas transcripciones ocuparon 8.000 folios, y en la que comparecieron decenas de testigos, algunos de ellos, excepcionalmente, ante las cámaras de televisión. Los ciudadanos asistieron durante casi cuatro meses a una galería de los horrores en la que se dieron cita todas las ilegalidades imaginables en relación a la detención de una persona, desde la tortura a la eliminación del cuerpo de la víctima, pasando por la falsificación de documentos y otras prácticas características de la más genuina tradición del tenebrismo nacional.Los jueces que firman la sentencia apoyan su resolución, entre otros aspectos, en la "inverosimilitud" de las versiones alternativas presentadas por los encausados. Esas versiones inverosímiles, que los ciudadanos tuvieron ocasión de escuchar en las declaraciones de los acusados ante el tribunal, fueron no obstante sostenidas contra viento y marea por los responsables del Ministerio del Interior del Gobierno socialista, y lo fueron incluso cuando la acumulación de indicios resultante de la investigación periodística, primero, y judicial, después, era ya abrumadora. Las amenazas de querellas a los periódicos que no renunciaron a su deber de indagar unos hechos y que, en caso contrario, seguirían hoy en la sombra, cobran un sentido irónico a la luz de esta sentencia.

La sentencia constituye un importantísimo triunfo de los valores del Estado democrático -y de la sociedad que lo legítima- frente a las resistencias todavía existentes en sectores del propio aparato estatal. Resalta la estulticia y la recalcitrante incapacidad política de quienes suponen que defender a ciegas a las fuerzas de seguridad del Estado, incluso cuando miembros de ellas cometen aberrantes delitos, les confiere más apoyo social y respetabilidad en vez de contribuir a llenar de lodo a todos por los abusos y crímenes de unos pocos. Sin la determinación de unos jueces que defendieron celosamente su independencia, negándose a mirar para otro lado, y sin la libertad que utilizó la Prensa para destapar el escándalo e investigar sus circunstancias, la vista oral no hubiera llegado a celebrarse jamás. Y es ésta una lección que debemos aprender todos a la hora de valorar el caso Amedo y lo que en su torno se desarrolla.

Se ha puesto de relieve, por otra parte, la existencia de una amplia zona de penumbra en la parte más sensible de todo aparato de poder: su policía. Porque, si un juicio sobre tan graves irregularidades policiales es algo sin precedentes en nuestra historia contemporánea, y es motivo de orgullo para la solidez de nuestro sistema democrático, no es menos cierto que algunas de las revelaciones producidas en torno al caso suscitan muy serias preocupaciones. Así, la existencia de una auténtica mafia policial, con redes que interrelacionaban a delincuentes, confidentes y agentes, sospechosa de haber eliminado a varios testigos incómodos; la aplicación arbitraria de la inconstitucional legislación antiterrorista; la pasividad, como mínimo, del poder político ante las razonables sospechas existentes y públicamente conocidas, con pretextos como el de que metieron un gol a un ministro (curiosa manera de describir la desaparición física de un ciudadano cuando era custodiado por la policía). Todos ellos son datos que testimonian la persistencia en nuestro aparato estatal de arraigados hábitos de impunidad; hábitos derivados, a su vez, de la tradición de autonomía de esos aparatos frente a todo control social o institucional, y hábitos, finalmente, que algunos líderes políticos parecen haber interiorizado como inevitables o hasta deseables.

A fin de cuentas, el Nani desapareció en las cloacas sobre las que reina el poder. Las muestras de corporativismo que algunos sindicatos policiales han exhibido tras conocer su existencia nos hablan además de lo extendido del peligro, y el silencio del Gobierno habla de la absoluta falta de credibilidad del Gabinete en este caso. Con todo, el que, frente a tradiciones indeseables y prácticas obstruccionistas, la fortaleza del Estado de derecho haya acabado por imponerse constituye motivo de satisfacción para la ciudadanía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de septiembre de 1988