El déficit del Estado se financiará sin recurso al Banco de España y con deuda a largo plazo

Hacienda ha propuesto al Gobierno, en los documentos que sirven de base para discutir el proyecto de presupuestos del Estado para 1989, que el déficit público sea financiado hasta su erradicación, prevista hacia 1992, sin recurso alguno al Banco de España y en un 80% con deuda a más de tres años de plazo.Existe el propósito de bajar los tipos de interés de esta deuda en los cuatro próximos años desde el 11% hasta el 7%. A finales de 1988, el Estado y la Seguridad Social deberán 15,2 billones de pesetas (1,9 más que al terminar 1987) y se prevé congelar el volumen total en torno a los 18,2 billones de pesetas, que se alcanzarían en 1991.

El Escenario macroeconómico y presupuestario 1988-1992, utilizado por el Ejecutivo para preparar los próximos presupuestos generales del Estado, apuesta por una financiación no inflacionista del déficit público hasta la completa desaparición del mismo, pretendida para 1992. Todas las necesidades de financiación deberían ser cubiertas hasta entonces en el mercado mediante emisiones de deuda, sin recurso alguno a la máquina de hacer billetes. Esto facilitaría al banco emisor el control de la masa monetaria en la medida en que la colocación de deuda sirve para retirar dinero del sistema.

Los documentos indican que al terminar el presente año las administraciones públicas centrales (Estado, sus organismos autónomos y Seguridad Social) deberán hasta un total de 15,2 billones de pesetas, de ellos 1,42 al Banco de España. Después de que el stock de deuda aumente 1,9 billones de pesetas durante 1988, su incremento proyectado asciende a 1,6 billones el próximo año, 995.000 millones en 1990 y 480.000 millones en 1991.

A partir de este último año, que terminaría con una deuda total de 18,3 billones de pesetas, debería empezar a disminuir el volumen total de la misma. Uno de los principales ejes de la política de financiación del déficit prevista en dichos escenarios consiste en no recurrir desde ahora al Banco de España para cubrir el déficit estatal que figura en los cuadros adjuntos. El recurso a la maquinita sólo aumentaría durante el presente año y en 1989 para amortizar las pólizas de crédito de Rumasa y del Fondo de Ordenación y Regulación de Precios y Productos Agrarios (FORPPA). Pero tales aumentos se reducirían a partes iguales desde 1989, de forma que en el año 1992 se recuperaría el nivel de 1987.

Hasta un 80% de las nuevas necesidades de endeudamiento a partir de 1989 deberían ser cubiertas con deuda negociable del Estado a tres años y medio, títulos que también cubrirían los vencimientos que se vayan produciendo. Las emisiones se realizarían a un tipo de interés decreciente que, según la propuesta de Hacienda, iría desde el 11 % previsto para finales del presente año hasta el 7% en 1992. Se pretende así alargar los plazos del conjunto de la deuda pública, financiada en su inmensa mayoría durante los últimos años -coincidiendo con su fuerte incremento con respecto a los menos de cuatro billones registrados en 1982- con emisiones de plazo inferior al año y medio.

Para el otro 20% de las nuevas necesidades de endeudamiento, Hacienda ha previsto utilizar las letras del Tesoro. Estos títulos serían emitidos a un tipo de interés inferior en medio punto al de la deuda negociable, por lo que también deberían reducir su precio en un punto cada año. También se utilizarían las letras para atender las fuertes amortizaciones que deban ser atendidas tanto de estos títulos como de pagarés del Tesoro.

Baja de pagarés

Los mismos documentos prevén que la existencia de un tipo de interés penalizado en los pagarés del Tesoro haga descender el volumen total de estos títulos en manos del público hasta situarlos en un 70% del nivel existente en 1988. Los pagarés suscritos por las entidades financieras, que hasta ahora deben dedicar a los mismos un 10% de su dinero computable, registrarían también una disminución escalonada porque tal coeficiente se reduciría a partir del próximo año en un punto cada trimestre y desaparecería a finales de 1991.

En cuanto a la deuda asumida por el Estado, el Ministerio de Economía y Hacienda ha previsto que a partir de 1989 la política de asunciones de deuda continúe sólo para el Instituto Nacional de Industria y por un volumen anual bruto de 50.000 millones de pesetas el año próximo y de 25.000 millones en 1990.

Eso supondría una amortización anual de 100.000 millones durante todo el período. Hacienda ha propuesto también que el Estado no asuma a partir de ahora nuevas cargas financieras de deudas de otros organismos.

Para la deuda exterior se ha previsto que su saldo vivo permanezca constante y que los tipos de emisión sean similares a los aplicables a la deuda interior negociable y a las letras.

Con todo esto, Hacienda estima que la participación de la carga de intereses decrezca con respecto al producto interior bruto desde un 3,07% en 1989 hasta un 2,57% en 1992.

Para el próximo año, los gastos financieros previstos en el borrador de presupuestos ascienden a 1,2 billones de pesetas, con un aumento de casi el 21% respecto a los 992.000 millones presupuestados para el presente ejercicio.