El Gobierno uruguayo frena el referéndum sobre el 'punto final', dice el Frente Amplio

"El Gobierno uruguayo -que preside Julio María Sanguinetti- pone obstácuios administrativos a la realización del referéndurrum sobre la ley de punto final que garantiza la impunidad a los inilitares que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura", ha declarado Carlos Barálbar, secretario de la coalición de izquierdas Frente Amplio, de Uruguay, en una reciente estancia en Madrid.A siete meses de la entrega de las 634.000 firmas (más de las 50.000 necesarias para la convocatoria del referéndum), la realización de esa consulta resullla todavía incierta, debido a la obstrucción en el recuento y la iricertidumbre creada por el Gobierno sobre su legitimidad, según Baráibar. El Frente Amplio es la tercera fuerza política uru,guaya, después del Partido Coloirado, en el poder, y del Partido Nacional.

El referéndum debería plantear el apoyo o el rechazo de los votantes a la ley del 22 de diciembre de 1986, llamada de Caduci,dad de la pretensión punitiva del Estado ("para nosotros, ley de amnistía o de impunidad", señala), aprobada en el Parlamento con los votos del Partido Coloraido, un sector mayoritario del PartIdo Nacional, y la oposición del Frente Amplio y otros grupos menores.

Precio político

"Si el referéndum no se realiza, realzca que el Gobierno ha decidido pagar el precio político de esa decisión", afirma Barálbar, quien en su gira por varios países europeos, entre ellos España, ha intentado sensibilizar sobre esta cuestión a los sectores políticos afines -socialistas, democristianos, comunistas- con los que integran la coalición presidida por Líber Seregni en el país latinoamericano.Algunas encuestas, señala el propio Barálbar, indican que si realizara el referéndum habría una ligera mayoría (55% a 45%) en favor del mantenimiento de esa ley.

Tras los complejos vaivenes políticos y sociales de los primeros años de la transición, se aprobó la citada ley de 1986, cuyo alcance pretenden anular los promotores del movimiento en ravor del reférendum, entre ellos el Frente Amplio.

En un año de recogida de firmas, el 19 de diciembre de 1987, dicho movimiento estuvo en condiciones de entregar las fijadas por la ley (un 25% de los votantes), cuya verificación realiza ,desde entonces la justicia electoral, "de la que forman parte miembros del partido en el Gobierno", indica el dirigente uruguayo, de 48 años, ex diputado y líder democristiano.