España gasta en asistencia médica 2,3 billones cada año

El sistema sanitario español costó el año pasado 2,3 billones de pesetas. La cifra equivale a 6 de cada 100 pesetas de valor añadido generado por la actividad económica, lo que se conoce como producto interior bruto (PIB). Un 75% del gasto corresponde al sector público, cuya asistencia se deteriora a un ritmo del 0,7% anual, según estudios que han intentado medir la calidad a partir de numerosos factores (gasto, número de beneficiarios, atenciones recibidas, etcétera).Las estimaciones sobre el coste del sistema, en 1987, real¡zadas por Eduardo Arrojo Martínez, secretario general de Asistencia, Sanitaria, muestran ciertas diferencias entre el reparto de la financiación y el de otras magnitudes. Así, el sector privado, aunque realiza el 25% del gasto, emplea el 21% del personal y cuenta con el 17% de las camas hospitalarias.

El sector sanitario público como puede observarse en el cuadro adjunto, es el agregado de múltiples administraciones Las tres cuartas partes de su gasto total corresponden a la Seguridad Social, mientras que otro 17% procede de las administraciones territoriales.

Una parte importante de la asistencia sanitaria pública es gestionada y provista a través del sector privado, que movió en 1987 unos 579.000 millones de pesetas. El libre recurso de los funcionarios a las aseguradoras privadas a través de su mutualidad (Muface) representa más de un tercio del volumen de negocio de las compañías de seguros médicos, cuya recaudación supera los 80.000 millones de pesetas y cubre a 5,5 millones de personas. Además, la asistencia sanitaria de la Seguridad Social utiliza servicios privados por un importe cercano a los 100.000 millones.

Hospitales privados

Sin embargo, los hospitales privados también han registrado una recesión. Su número ha disminuido de forma progresiva, desde los 577 de 1975 hasta los 366 de 1986, si bien han mantenido la capacidad global en torno a las 30.000 camas.En la asistencia pública, la sensación de deterioro del servicio que se observa entre algunos beneficiarlos tiene causas objetivables, a juzgar por las mediciones de la calidad del servicio que ha realizado José Barea, uno de los mayores expertos españoles, catedrático de Hacienda Pública de la universidad Autónoma de Madrid.

El índice elaborado por Barea a partir de numerosos indicadores llega a la conclusión de que, entre 1980 y 1985, el servicio recibido por cada beneficiario se ha deteriorado a un ritmo anual del 0,76%. Y eso que ha sido a partir de 1985 cuando más se ha extendido el número de beneficiarlos -con la entrada de todos los jóvenes de 21 a 26 años y de los desempleados con o sin cargas familiares- sin un correlativo aumento del gasto corriente ni de las inversiones, que llevan casi una década bajo mínimos.