Hacienda desaconseja el proyecto de universalizar la sanidad y cargar todo su coste al Estado

,Hacienda ha desaconsejado el proyecto de universalizar la sanidad pública y cargar todo su coste al Estado, decisión que se ha reservado el presidente del Gobierno, Felipe González, después de escuchar a los cuatro ministerios implicados. Entre las razones esgrimidas por el fisco destacan tres: el coste de la operación, la escasa capacidad actual de este servicio y la necesidad de arbitrar medios para incentivar su uso eficiente. Como alternativa ha propuesto extender de forma paulatina las atenciones que suministra la Seguridad Social y ofrecer el servicio a precios de mercado) a los españoles que permanecen al margen y tienen recursos suficientes para pagarlo.

La posición de Hacienda se ha concretado antes de las vacaciones, según fuentes informadas, tras diversas reuniones entre el secretario de Estado, José Borrell, y el secretario general de Planificación y Presupuestos, Antonio Zabalza, con altos cargos de la Seguridad Social. Junto a los planteamientos de ambos departamentos, divergentes en algunos aspectos, el presidente González ha recabado también las opiniones de Sanidad y de Administraciones Públicas.El planteamiento realizado por Hacienda después de recibir dicha información admite que los recursos, para financiar el sistema de prestaciones san¡tarias deberían proceder "fundamentalmente" del presupuesto del Estado. Pero matiza que tanto esta idea como el contexto de la ley general de Sanidad, aprobada en 1986, abren varias posibilidades.

Una de estás opciones, la que parece haber decidido Felipe González, sin concretar todavía el calendario para llevarla a cabo, sería la financiación completa de la sanidad pública por el presupuesto del Estado. En la medida en que los ingresos procederían de los impuestos, ello conllevaría la consiguiente caracterización universalista de este servicio público, en el sentido de que todos los españoles tendrían derecho al mismo.

Hacienda, sin embargo, no cree que ésta sea la alternativa más apropiada. Su oposición descansa primero en el coste que tendría la operación, estimado por la Seguridad Social en más de 200.000 millones de pesetas adicionales a lo que cuesta en la actualidad el servicio; la Administración del Estado y sus organismos autónomos tienen presupuestadas para este año unas transferencias a la Seguridad Social de 1,4 billones de pesetas, casi la misma cifra que la Seguridad Social ha de transferir al Instituto Nacional de la Salud (Insalud), fijada en 1,35 billones de pesetas.

Incentivar la eficacia

Otras razones por las que ha desaconsejado esta opción son la capacidad actual del servicio sanitario y la necesidad de arbitrar medios para incentivar su uso eficiente. Altos cargos de Hacienda admitieron hace varias semanas que el servicio sanitario público se ha deteriora do en los últimos años, precisa mente porque han entrado en el mismo varios millones de beneficiarios sin que los recursos adicionales aplicados hayan sido suficientes para afrontar los nuevos costes. La segunda alternativa, que Hacienda considera "más realista", consistiría en caracterizar el servicio sanitario como una extensión del que hoy suministra la Seguridad Social. La sanidad pública seguiría así articulada alrededor del servicio de asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Desde el mismo se arbitrarían cambios para facilitar el acceso no sólo a los cotizantes, sino también al resto de la población.Bajo esta perspectiva, la sanidad pública se configuraría como un servicio fundamentalmente financiado por el presupuesto del Estado, aunque también con la participación de otros recursos. Habría una porción de ingresos (relativamente pequeña) procedente de las cotizaciones salariales. Otra porción de ingresos (quizá también pequeña) procedería de las personas no cotizantes y que tienen medios económicos. El resto (que "normalmente sería, con mucho, la mayor parte") saldría del presupuesto del Estado.

El sistema de prestaciones sanitarias sería así un servicio gratuito para las personas no cotizantes y sin medios económicos, estimadas en el 2,7% de la población total. Para quienes han cotizado o cotizan a la Seguridad Social por sí mismos o por sus familiares, el 96,2% de la población una vez incluidos los beneficiarlos del sistema de clases pasivas y asimilados, el servicio se prestaría a cambio de una pequeña parte de su cuota salarial. El tercer escalón lo integraría el 1,1% de los españoles, a quienes se daría acceso al servicio público a cambio de cobrarles las atenciones "a coste de mercado".

Para dar cumplimiento por esta vía a la "universalización de acceso" a la sanidad pública, Hacienda considera que deberían integrarse en el sistema los servicios actualmente prestados por las corporaciones locales, cuyos hospitales están aquejados en su mayoría de crecientes déficit.

También propugnan los responsables de Hacienda la integración de regímenes especiales como el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.