El Estado asumirá los gastos de asistencia sanitaria y se extenderá su oferta a todos los ciudadanos

El estado liberará a la seguridad social de los gastos de asistencia sanitaria, que superan los 1,3 billones de pesetas, y extenderá su oferta a todos los ciudadanos. este será el punto de partida para reformar financieramente el sistema público de protección. la medida supondría extender los servicios sanitarios al casi millón y medio de ciudadanos que permanecen al margen y costaría unos 200.000 millones de pesetas. el presidente del gobierno, felipe gonzález, ha asumido la responsabilidad de decidir cuándo se materializa el proyecto, tras conocer las opiniones de los cuatro ministerios implicados. fuentes de la administración apuntan que la cuestión podría ser planteada en septiembre, al reanudarse las conversaciones para la concertación social.

El nuevo esquema financiero de la Seguridad Social empezó a ser diseñado hacia 1984 en los términos en que se concibe actualmente, sin llegar a tornar la decisión de articularlo en la práctica. La reforma consistirá en separar la cobertura de las pensiones recibidas por quienes han contribuido mediante cuotas de los otros dos grandes programas hasta ahora atendidos por el sistema (la Sanidad y las pensiones asistenciales o no contributivas), que pasarian a ser sufragados directamente por el Estado. asistenciales y extenderlas a otros 400.000 ancianos hoy des protegidos se prepara un proyecto de ley específico.A partir del citado modelo, el Estado librará a la Seguridad Social de pagar tanto la sanidad pública como las pensiones de quienes no hayan contribuido al sistema de protección mediante cotizaciones propias o (le sus empresas durante su vida laboral En la práctica, según un alto cargo de Hacienda, esta configuración sería de naturaleza presupuestaria y podría ser llevada a cabo casi sin ningún cambio organizativo.

De hecho, en 1988 la Seguridad Social tiene presupuestado transferir al Instituto Nacional de la Salud (Insalud) algo más de 1,35 billones de pesetas, cifra similar a las subvenciones o transferencias que recibirá del Estado la Seguridad Social para cubrir su déficit.

Repercusiones

El alcance de la reforma tendría, sin embargo, grandes repercusiones para el futuro. La principal es que así se ligaría de forma clara y definitiva la suerte de las pensiones contributivas a las cuotas patronales, y obreras, que en la actualidad financian las tres cuartas; partes de los presupuestos de la Seguridad Social. Los otros dos programas, sanidad y asistencia social (pensiones no contributivas), deberían ser sufragados por el Estado.

La semana pasada se anunció para 1989 el proyecto de ley de pensiones no contributivas, con el fin de extender estas prestaciones económicas a los cerca de 400.000 ancianos que carecen de pensiones asistenciales. Pero fuentes gubernamentales consideran que antes de entrar en vigor esa ley habrá decisiones relativas a la Sanidad. Añaden que serían el punto de partida necesario para empezar a aplicar el mencionado esquema de reforma.

"El único que tiene las coordenadas de cuándo, así como las secuencias e intensidad de los pasos a dar, es el propio presidente del Gobierno", declaró a este periódico un alto cargo de la Seguridad Social. Impresiones similares han sido recogidas en los ministerios de Sanidad y Economía y Hacienda, que, junto al de Administraciones Públicas, esperan que haya un pronunciamiento en los próximos meses.

Algunas fuentes señalan que en septiembre, con motivo de la reanudación de las conversaciones para la concertación social y de la elaboración de los Presupuestos del Estado para 1989, al menos será planteado el tema de la sanidad. El propio Felipe González se refirió así al asunto el pasado miércoles, tras entrevistarse con el Rey en Palma de Mallorca: "Podríamos universalizar la asistencia sanitaria de este país si la financiación de ese servicio se realizara con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no al presupuesto de la Seguridad Social, porque entonces todos tendríamos derecho a recibir asistencia sanitaria a través de un presupuesto financiado por los impuestos".

Según las fuentes consultadas, este proyecto significaría extender la oferta sanitaria a unos 1,3 millones de personas que hoy permanecen al margen y costaría poco más de 200.000 millones de pesetas, pues en 1988 los presupuestos del Insalud se han elevado un 17% (hasta los 1,35 billones de pesetas) y el año pasado la Seguridad Social le destinó 157.000 millones de pesetas fuera del presupuesto para pagar gastos atrasados.

Parte de estas inyecciones trataban de cubrir los costes de la extensión de la sanidad pública a los varios millones de personas que han sido incorporadas a la misma desde 1982. Los últimos en llegar han sido los desempleados con o sin cargas familiares y los mayores de 26 años; antes lo fueron los jóvenes entre 26 y 21 años, edad hasta la cual la cartilla paterna da derecho a cobertura.

Altos cargos de Hacienda han admitido que el deterioro de algunos servicios sanitarios puede explicarse en que los recursos no han crecido al ritmo que debieran para atender el aumento de la población protegida.