700.000 pobres, sin atención alguna

Unas 700.000 personas, cerca de la mitad de: la población española que en la actualidad carece de derecho a la asistencia sanitaria gratuita, tampoco tienen recursos económicos para cubrir sus necesidades en el sector privado, según estimaciones oficiales. La entrada en el sistema de este sector sería la principal fuente de gasto adicional calculada en más de 200.000 millones de pesetas. Según una encuesta realizada a finales del año pasado peor el Ministerio de Sanidad, el 96,2% de la población está cubierta a efectos sanitarios por la !Seguridad Social. Del 3,8% restante, el 1,8% de la población carece de recursos económicos para pagar sus gastos sanitarios, otro 0,9% está atendido por instituciones de beneficencia y el 1,1% restante no está cubierta, pero tiene recursos económicos más que suficientes, por lo que probablemente sólo utilizaría las grandes tecnologías de la Seguridad Social.

Ricos y pobres

Entre estos últimos se identifica a los ricos y a los profesionales que tienen mutualidades propias, mientras que entre los primeros se encuentran los marginados, y especialmente los 400.000 ancianos a los que se dirigirá la ley de pensiones no contributivas, quienes hoy por hoy también carecen de cartilla. Incluso los ancianos mayores de 68 años que ya reciben pensiones asistenciales no tienen derecho a las prestaciones farmacéuticas.

La extensión a todos los ciudadanos del derecho a la asistencia sanitaria -lo que se conoce como la universalización de la sanidad- está contemplada, aunque sin fijar plazos, en los artículos 79 y 80 de la ley general de Sanidad, aprobada en 1986. Este objetivo va más allá del mandato constitucional, que se centra en generalizar la asistencia sanitaria a la población en situación de necesidad.

El primero de los pasos prospuestos por el Ministerio de Sanidad para cumplir dicha ley consiste en extender la asistencla a ese 1,8% de población no cubierta por la Seguridad Social y que carece de recursos, operación que debería cargarse a los Presupuestos del Estado. En segundo lugar, se trataría de atraer a los individuos atentidos por la, beneficencia y darles también prestaciones farmacéuticas. Esto requeriría el coordinar los dispositivos sanitarios de las corporaciones locales con el Sistema Nacional de Salud.

Por último, Sanidad entiende que al 1,1 % de la población que tiene recursos económicos suficientes también debe permitirse su libre acceso, aunque sin coste para el Estado.