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El CDS rechaza una "zona impune" para el Gobierno, aunque defenderá la existencia de gastos reservados

Anabel Díez

El Centro Democrático y Social (CDS) se opone a "la creación d una zona de impunidad vedada al poder judicial en beneficio del Ejecutivo" que podría crearse por la ley del Gobierno anunciada por e presidente Felipe González, según ha declarado a este periódico el secretario general centrista, José Ramón Caso. El político del CDS añade, no obstante: "No estamos locos para pedir que no haya gastos reservados".

El CDS defenderá la existencia de los gastos reservados porque es un instrumento necesario en cualquier país democrático y saben de la utilidad de éstos "para pagar a infiltrados y confidentes", pero insisten en que nunca aceptarán el amparo del delito, "porque una cosa es emplear dinero para espías y otra para cometer delitos".Fuentes socialistas informaron a este periódico que el primer contacto que desean establecer con la oposición para tratar de la futura legislación sobre el Gobierno es con el presidente del CDS, Adolfo Suárez. Este encuentro lo auspiciaría el secretario de organización socialista, Txiki Benegas.

A pesar de la discreción con la que el PSOE y el Gobierno quisieran que se tratara este asunto, no parece factible que en septiembre los grupos de oposición retiren las iniciativas parlamentarias ya presentadas para recabar información del Gobierno sobre el uso de los fondos reservados, el caso Amedo y las presuntas implicaciones de algunos miembros del aparato de seguridad del Estado con los GAL.

Precisamente el Centro Democrático y Social se muestra, por el momento, como una de las fuerzas políticas más proclives a vigilar la legislación que el Gobierno envíe a las Cortes, de ahí que el PSOE tenga sumo interés en mantener con ellos la primera conversación sobre esta cuestión.

Felipe González manifestó con claridad en las Cortes en el Pleno extraordinario del Congreso del día 20 de julio que pediría 9a colaboración" de las fuerzas de la oposición para llevar adelante estas reformas legislatisvas.

Antonio Hernández Mancha (Alianza Popular) y Miquel Roca Junyent (Minoría Catalana), en cambio, se han mostrado estos días muy cautos al opinar sobre la pretensión del Ejecutivo.

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El Batallón

Por otra lado, José Ramón Caso asegura que el Batallón Vasco Español [uno de los grupos que se dedicó a la guerra sucia contra ETA] dejó de actuar "por la presión investigadora del Gobierno de UCD". De esta forma, Caso quiere poner de manifiesto que en ningún caso son comparables las actuaciones del citado Batallón y de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), como, a su juicio, ha querido hacer Felipe González.

Caso quiere recordar que a los Gobiernos centristas "nunca se les acusó de obstruir la acción de la justicia", en referencia al ex ministro del Interior, José Barrionuevo.

En el CDS no se oculta la irritación producida por las palabras del presidente del Gobierno, Felipe González, en respuesta a las declaraciones efectuadas por Adolfo Suárez en Estados Unidos en el sentido de que él nunca hubiera autorizado la creación de los GAL.

Felipe González, tras el Pleno del 20 de julio, dijo: "No quiero jugar al ping-pong con Adolfo Suárez sobre los GAL; me parece bien lo que dice: yo tampoco hubiera autorizado el Batallón Vasco Español".

Caso advierte: "Adolfó Suárez quiere que si Felipe González tiene indicios de que Gobiernos anteriores han amparado un delito, que lo denuncie y no haga insinuaciones torcidas".

Recuerda José Ramón Caso que la existencia del Batallón Vasco Español es "pre-Suárez", y que antes apareció la Triple A, otro grupo de parecidas características, "al parecer para vengar la muerte de Carrero Blanco".

"Lo cierto es que se investiga y no se saca nada en claro, pero además la presión investigadora del Gobierno hace que el Batallón Vasco Español deje de actuar", sostiene el secretario general centrista. José Ramón Caso saca a relucir más sucesos para marcar la diferencia con lo ocurrido en el período de Administración socialista. "El caso Arregui fue de malos tratos y torturas e inmediatamente se investiga, nunca hubo ocultamiento por parte del Gobierno". "En el caso Almería", continúa Caso, "hay juicio y condena a pesar de la utilización demagógica que hace el PSOE del asunto".

En este rosario de reproches el secretario general espeta: "Vamos si quieren a un debate sobre el Batallón Vasco Español". No obstante, en aras de la conciliación, asegura: "Adolfo Suárez no dice que el Gobierno tenga algo que ver con las actividades de los GAL, sino que urja la investigación".

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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