'Apartheid' de la vivienda

El Gobierno surafricano ha desarrollado una serie de leyes que reforzarán su política de apartheid y arrojarán a un cuarto de millón de negros de sus viviendas en áreas residenciales blancas. La reforma de la ley de Áreas de Grupo enmienda una de las piedras angulares de la legislación racial del Gobierno del Partido Nacional. La ley prevé la creación de inspectores de áreas étnicas, encargados de controlar los barrios residenciales de blancos con poder para desalojar familias no autorizadas, por el color de su piel, para vivir en ellos.

El vicelíder y parlamentario mestizo del Partido Laborista Miley Richards predice que los grupos de extrema derecha como el neonazi Movimiento de la Resistencia Afrikaner (MRA) "podrían disponer de fórmulas legales" para cazar a los infractores.Mientras negros y blancos críticos del apartheid califican a la nueva legislación como "terrorífica" y "draconiana", la oposición oficial del Partido Conservador, que hace pocos años rechazaba rotundamente la creación de un pequeño número de barrios integrados o áreas grises, ha dado ahora la bienvenida a la medida. "Nos encantaría que el Gobierno" haga cumplir las medidas, afirmó su portavoz, Moolman Mentz. El Partido Conservador, dijo, contribuirá en la medida de sus medios para lograrlo.

Hace seis años, una decisión del Tribunal Supremo abrió una pequeña grieta en la regulación de los derechos de los no blancos -negros, indios y mestizos que viven ilegalmente en áreas residenciales para blancos. El juez R. Golstone dictaminó que una mujer india, Gladys Govender, no podía ser expulsada de su hogar en el barrio blanco de Mayfair, en Johanesburgo, a no ser que tuviera otra posibilidad de alojamiento en una zona de su propio grupo étnico. La decisión limitó posteriores persecuciones. Con una masiva escasez de vivienda en los suburbios de los surafricanos de color, viviendas vacías en zonas blancas y trabajadores de color desesperados por encontrar un techo y el dinero con que pagar los altos alquileres, los legisladores no podían forzar a los negros a regresar a sus propias áreas. Unas 22.000 viviendas para blancos permanecían vacías, mientras las otras etnias necesitaban 100.000.

'Interés culpable'

Algunos críticos del sistema sospechan que el Gobierno tiene un interés culpable en el asunto. En 1982, estaba planeando introducir su nueva Constitución, con Parlamentos para indios y mestizos. Cambiar la ley de Áreas de Grupo entonces y encajar a los residentes mestizos e indios en suburbios donde no había viviendas para ellos no resultaba conveniente. "Era políticamente oportuno abstenerse de apretar las clavijas", indica Cassim Salojee, presidente de Alto a la Ley, una organización que proporciona ayuda legal a los afectados por esta legislación.Sin embargo, después de las elecciones generales de mayo de 1987, cuando el Partido Conservador enseñó sus músculos, "resultó necesario ganar puntos frente a los partidos derechistas, para indicar a los blancos que el Gobierno apoyaba aún la segregación residencial", señala Salojee. Ante las municipales para blancos y negros previstas para el 26 de octubre, el Gobierno espera impedir un desvío de votantes blancos hacia la derecha.

Dos son las áreas especialmente afectadas. Hillbrow, área residencial próxima al centro de Johanesburgo, y Woodstock, zona anteriormente de color, en expansión y densamente poblada en Ciudad del Cabo. Estos barrios han llegado a ser casi integrados y el Gobierno considera que sería casi imposible volver atrás. Podrían ser considerados como "casos especiales", señala el viceministro de Planificación, Roelf Meyer, aunque no garantiza que no se produzcan desalojos masivos. "Las condiciones de vida en Hillbrow deben ser elevadas", ha indicado. Pero Salojee señala: "La enmienda tendrá efectos devastadores en miles de personas...".

Al menos 250.000 personas pueden verse afectadas cuando el proyecto se convierta en ley. Se cree que el Gobierno la introducirá a través del Parlamento, a pesar de la esperada oposición de los diputados mestizos.