El Estado de desecho

APARTE DEL interés demostrado por Felipe González en diferenciar lo que es una crisis de Gobierno de lo que no pasa de ser una remodelación o reajuste, y de la insistencia de los distintos grupos de la oposición en afirmar que aquí no ha cambiado nada, el debate parlamentario de ayer habría pasado inadvertido si no fuera porque el presidente del Gobierno aprovechó la ocasión para volver a hablar del "Estado de desecho", un concepto que él mismo no ha querido precisar más allá de las sospechas que el propio término suscita.Para salir al paso de las intervenciones de prácticamente todos los grupos de la oposición sobre el caso Amedo y la utilización de los fondos reservados, Felipe González expresó la necesidad de proceder a algunas reformas legales "que nos permitan tener un Estado de derecho para siempre, y no un Estado de desecho". Con la intención de reforzar su argumento e invocando ejemplos, el presidente del Gobierno dijo que, a ese fin, "me vale cualquier democracia que haya funcionado". Después de que la expresión ha sido utilizada ya en más de una ocasión, y siempre a propósito de los encausamientos de determinados policías, el jefe del Ejecutivo debería explicar qué entiende exactamente por "Estado de desecho". Y cuando se refiere a los precedentes de otras democracias, singularmente la de Francia, merece la pena preguntarse si es en la legislación de ese país, o en la práctica de su lucha contra el terrorismo de la OAS, en lo que pretende inspirarse a la hora de hacer los cambios que él mismo ha sugerido. Habrá que ver cómo se desarrollan esas reformas legales a las que ayer hizo referencia, y cuyo contenido ignoran hasta los ministros del Interior y de Justicia. Pero si de lo que se trata es de defender el Estado de derecho, no está de más recordar que existen dos principios básicos que debe respetar todo sistema democrático: el concepto de reservado o de secreto oficial no puede encubrir jamás la comisión de actos delictivos, y, si éstos llegan a producirse, quienes los cometan no pueden quedar exentos de responsabilidad ante la ley penal.

La discusión sobre el caso del subcomisario José Amedo ha provocado más de una confusión deliberada. Por eso es preciso recalcar que nadie en su sano juicio ha puesto en duda la pertinencia o la legalidad de que existan fondos reservados del Estado, aprobados por las Cortes, y de cuya utilización no tiene que dar cuenta el Gobierno a las mismas. Pero ello no significa que, si esos fondos son eventualmente utilizados en la comisión de un delito, un juez no pueda recabar información sobre ellos. El magistrado Garzón, que instruyó la causa contra Amedo, cometió quizás un error o un exceso cuando pretendió saber de todos los fondos reservados del Estado; pero estaba en su derecho, y en la obligación, de preguntar por aquellos con los que presumiblemente se hayan podido financiar actividades terroristas de los GAL. Porque, para seguir con el juego de palabras, un Estado de derecho es aquel que persigue y castiga los crímenes cometidos en su nombre, y un Estado de desecho es el que pretende justificarlos.