La fuerza de la razón

FINALMENTE, LA finca Cabañeros, una reserva ecológica de unas 25.000 hectáreas situada al sur de los Montes de Toledo y al noroeste de la provincia de Ciudad Real, no será destinada a campo de tiro, sino a parque natural. Las especies protegidas que habitan allí se han salvado así de perecer engullidas en las turbinas de los aviones de entrenamiento o descuartizadas por las explosiones. Pero no sólo ha salido ganando la fauna por la solución dada finalmente a una polémica que ha durado cinco años. También la razón y el buen sentido se han impuesto a la ocurrencia de establecer un campo de entrenamiento militar en uno de los más grandes y mejor conservados espacios naturales de toda Europa.El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, y el titular de Defensa, Narcís Serra, han llegado a una solución sobre la que -sean cuales sean las motivaciones últimas que en el secreto les han llevado a la transacción- todo el mundo estará de acuerdo. El máximo responsable político de la comunidad castellano-manchega ha luchado con tesón por una causa en la que apostó su propia carrera política. La opinión pública y todas las fuerzas políticas de la región hubieran pasado, en el momento oportuno, la debida factura por un hecho que desde el primer instante se consideró discriminatorio y abusivo para la zona. El ministro de Defensa, por su parte, ha sido sensible a los argumentos y consideraciones que a lo largo de estos años se han ido poniendo sobre la mesa de su despacho. Eso es lo que más hay que valorar.

Sin embargo, no estará de más que Defensa tome buena nota sobre la necesidad de cambiar en el futuro sus procedimientos para evitar errores que luego deben ser enmendados con tanto esfuerzo y a costa del dinero del contribuyente. Porque si algo está claro en este asunto es la ligereza de quienes en su día decidieron gastar millones de los Presupuestos Generales del Estado -se desconoce si fueron los 800 de que se habló, pues el caso se clasificó, nadie sabe por qué, como secreto oficial- en la compra de Cabañeros. En definitiva, es ésta una forma de actuar expeditiva, que se ha mostrado desconocedora de los intereses globales en juego.

No significa todo ello, en modo alguno, que se ponga en cuestión el derecho del Estado a poner en pie todos los medios que sean necesarios para la defensa militar del país. En este sentido, no sería difícil encontrar en la zona central de España un lugar equidistante de las bases aéreas españolas que no tenga el valor ecológico de Cabañeros, carezca de utilidad agrícola y esté prácticamente deshabitado. Si el Gobierno de la nación ha llegado al convencimiento de que el Ejército del Aire necesita un polígono de tiro, habrá que buscarlo. Pero sin llevarse por delante otros derechos e intereses legítimos, y, llegado el caso, estableciendo las debidas compensaciones sociales a favor de quienes pueden verse afectados por una actividad que comporta evidentes riesgos.