Borrell, Solchaga y el fraude fiscal

El autor afirma que el secretario de Estado de Hacienda ha vuelto a expandir su bien estudiada imagen de martillo de defraudadores, sembrando el pánico y la zozobra no entre aquellos que incumplen sus obligaciones fiscales, sino entre los que, por tener como principal fuente de ingresos rendimientos del trabajo sujetos a retención, poco pueden hacer para eludir el pago del impuesto. De otro lado, el ministro de Economía, máximo responsable de la Hacienda pública, permanece al margen de toda discusión, como si la política fiscal le fuera por completo ajena.

Las conclusiones del último estudio realizado por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda, para evaluar el fraude fiscal han puesto de manifiesto que después de cinco años de gestión de los ingresos y gastos públicos por el Gobierno socialista, la cruzada particular del señor Borrell contra el fraude fiscal no ha variado sustancialmente la situación de partida. En efecto, los rendimientos del trabajo siguen constituyendo un elevado porcentaje de la renta declarada, mientras que los rendimientos del capital y de las actividades profesionales y empresariales declarados representan una exigua parte de los realmente obtenidos, y las plusvalías, que tantos desvelos produjeron en el legislador en la reforma de la ley del Impuesto sobre la Renta de 1985, no pasan de la categoría de mera anécdota. Pero, además, hay que tener en cuenta que en 1982 el beneficio empresarial, la bolsa de valores y el mercado inmobiliario estaban bajo mínimos, mientras que en los últimos años hemos asistido a una eclosión de los beneficios empresariales y de la especulación mobiliaria e inmobiliaria sin precedentes en las últimas décadas, por lo que, de hecho, se ha producido un manifiesto retroceso en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por parte de los sectores sociales económicamente privilegiados.¿Cabría deducir, por tanto, que la batalla fiscal del señor Borrell ha sido un fracaso? En absoluto. El máximo responsable económico del Gobierno socialista tenía y tiene como principal objetivo conseguir el máximo crecimiento económico, que en el actual contexto político le lleva a favorecer ciegamente euforias especulativas y elevadas tasas de beneficio, sin que consideraciones éticas sobre qué sector de la sociedad soporta los impuestos tengan cabida en él. Desde esta perspectiva es fácil comprender el papel que está representando el secretario de Estado de Hacienda en sus comparecencias públicas. Asume con vehemencia y agresividad su papel de gran perseguidor, mientras que entre sus oyentes resuenan los ecos de sus grandes victorias, que en la práctica se reducen a llevar ante los tribunales a folclóricas, futbolistas y hombres de paja, mientras los grandes defraudadores permanecen en la sombra. Mientras tanto, su superior jerárquico hace sentidos llamamientos a los inversores de todo el mundo para que hagan negocios en España, asegurando que se trata del país de Occidente donde mayores beneficios se pueden obtener y en el más corto plazo de tiempo, o, lo que es igual, donde con mayor facilidad se puede especular; y de todos es sabido que el negocio especulativo y la opacidad fiscal van inexorablemente unidos. Es obvio que ambos personajes están cumpliendo realmente bien su misión, de acuerdo a un reparto de funciones perfectamente diseñado.

Bolsas de defraudación

Una política efectiva para reducir sensiblemente las bolsas de defraudación hubiera necesitado de una adecuada utilización de los recursos humanos y materiales disponibles, a la vez que una férrea voluntad política para conseguirlo, y, sin embargo, nada de ello ha existido. En efecto, la lucha contra la evasión fiscal requiere de un consenso de todas las fuerzas políticas y sociales interesadas en modernizar este país, lo que no se ha intentado seriamente, y no de declaraciones destempladas que sólo sirven para alimentar una dialéctica embrutecedora.

También sería necesario acabar con la eventual supeditación de los órganos administrativos encargados de la comprobación de los tributos a los intereses del partido gobernante, de los partidos de la oposición o de los grupos de presión. Cualquier ciudadano debe saber que la Administración tributaria puede analizar objetivamente el grado de cumplimiento de sus obligaciones fiscales con toda minuciosidad y rigor, y sin género alguno de distinciones o privilegios. Al respecto conviene recordar que en los últimos años la inspección de los tributos ha sido con frecuencia orientada a la consecución de objetivos propagandísticos, lo que ha provocado, entre otros motivos, la huida masiva de funcionarios muy capacitados a otras áreas de la Administración o al sector privado, provocando un deterioro, que podría ser irreversible, de la función inspectora.

Es necesario destacar, de otro lado, que la Administración tributaria todavía está a la espera de una organizacion diseñada de acuerdo con criterios de racionalidad y eficacia, y no de prejuicios sectarios. Es triste y doloroso constatar que las aportaciones constructivas realizadas en diversas ocasiones por quienes más interesados están en su buen funcionamiento, es decir, los propios funcionarios, sean sistemáticamente despreciadas con el anatema de "eso es puro corporativismo", que a muchos nos hace recordar la conspiración judeomasónica de aquellos tiempos, más alejados en el recuerdo que en la realidad cotidiana.

Hasta ahora había dos opciones para reorganizar el área de la Administración encargada de la comprobación e investigación de los tributos. O una inspección de los tributos muy profesionalizada e independiente, que fuera capaz de hacer frente al reto de las nuevas y sofisticadas formas de evasión fiscal que utilizan los más poderosos, o una inspección de los tributos masiva, de escasa formación y sumisa, que pueda ser utilizada como fuerza de choque para conseguir objetivos coyunturales, aprovechables en la política diaria. Alguien parece haber apostado por esta segunda opción. Quienes deseamos un país más moderno, desarrollado, y sobre todo más justo, esperarnos de todo corazón que fracase en su intento.

es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Madrid.