Madrid, una autonomía entre la villa y la capital

, La Comunidad de Madrid lleva cinco años mirándose al espejo y aún no tiene claro qué es. La Administración central y el todopoderoso Ayuntamiento de la capital, la han relegado a un segundo plano del que lucha por salir. La oposición apuesta por la reforma del estatuto como la -única forma de consolidar la autonomía, pero el presidente no quiere mover una coma, convencido de que hay otras formas de subir el listón. Voces de su propio gabinete consideran que el estatuto tiene "demasiadas lagunas" y que hace falta introducir más de 40 modificaciones.

Se habla de inseguridad ciudadana en el Congreso, en el pleno municipal, en la Asamblea de Madrid. La Comunidad elabora su plan regional contra la droga y el Ayuntamiento de Madrid responde con el suyo propio y con el doble de presupuesto: 1.000 millones de pesetas. Algo parecido ocurre con los planes de empleo: Protección Civil de la Delegación del Gobierno, Protección Ciudadana de la Comunidad, Protección Civil del Ayuntamiento, ¿Quién da más?.La propia Comunidad, volcada durante cuatro años en las zonas más olvidadas de la región, se mira ahora al ombligo y habla con orgullo del eje de la Castellana y de Madrid, capital cultural. Joaquín Leguina parece olvidar que su rival, Alberto Ruiz Gallardón, le ganó por puntos en la capital y que sólo gracias a los votos regionales pudo obtener la exigua mayoría que le permite ahora gobernar.

"Abrir un melón"

El Gobierno regional parece haber salido del letargo en el que estaba sumido tras las últimas elecciones. Una vez perdida la mayoría absoluta, los socialistas necesitan bastones para gobernar. Y hasta ahora no han salido mal parados, ante la incapacidad mostrada por el CDS y AP para hacer valer la holgada mayoría del centro-derecha.

La batalla por los suelos fue la que más tinta derramó en los primeros cuatro años del equipo de Leguina. Lucha contra las urbanizaciones piratas, planeamiento municipal, creación del parque regional del Manzanares, planes de actuación contra los residuos urbanos e industriales.

Los ayuntamientos se sintieron intimidados y comenzaron a llover acusaciones de invasión de las competencias municipales. La pasada legislatura está cuajada de incidentes de este tipo.

La Comunidad de Madrid tiene actualmente plenas competencias en ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, gestión del agua, protección del medio ambiente, planificación de la actividad económica, régimen minero y energético, transporte, agricultura, y asistencia social. Los límites con la Administración central están muy confusos en Educación y Sanidad, donde los servicios que corren por cuenta de la Comunidad se superponen en ocasiones con los del Estado y los del propio Ayuntamiento.

Las fuerzas de la oposición en la Asamblea de Madrid (Alianza Popular, CDS, Izquierda Unida y Grupo Mixto) ya han tocado en más de una ocasión el techo autonómico con propuestas como el desmantelamiento de la base de Torrejón o el rechazo a la construcción de una nueva cárcel en Soto del Real.

Leguina acusa a la oposición de quemar sus energías con balas de fogueo; los grupos parlamentarios piden al presidente que se acostumbre a gobernar en minoría. Este tira y afloja ha enrarecido en los últimos meses las tensas relaciones entre el presidente y el parlamento regional.

"Sería como abrir un melón muy gordo". Así expresa Joaquín Leguina sus reservas ante la posible reforma del estatuto de autonomía. "Si se abre la puerta, la oposición no va resistir la tentación de modificar cuanto se le antoje, además de ampliar las competencias".

El presidente regional llegó a afirmar recientemente que la reforma en cadena de los estatutos que accedieron a la autonomía por el artículo 143 -o via lenta- pondría en peligro el furicionamiento constitucional. En cualquier caso, los votos socialitas impedirán que se alcance la mayoría de dos tercios, necesaria para modificar el estatuto.

Leguina prefiere hablar de trans,ferencias mediante ley orgánica o convenios con el Gobierno central, posibilidades contempladas también por el estatuto para asumir nuevas competencias. Pere, la oposición no se da por contenta y cierra filas en torno a la polémica reforma.

Para Alberto Ruiz Gallardón, portavoz de AP, se trata de una medida "urgente y necesaria". Fernando Castedo, del CDS, cree que es la única forma de reconocer "la mayoría de edad de nuestra autonomía".

Conglomerado de convenios

La diputada de Izquierda Unida Isabel Vilallonga afirma que no se puede eludir la reforma con "un conglomerado de convenios administrativos".

Todos los grupos apuntan a una misma diana: Trabajo, Sanidad y Educación. Leguina reconoce que a la Comunidad le será rentable políticamente asumir estas competencias cuanto antes, .aunque operativamente nos conviene ir por partes". "Las competencias en Trabajo nos interesa tenerlas ya mismo, pero las de Educación hay que tomarlas con calma porque, entre otras cosas, obligaría a multiplicar por cuatro el número de funcionarios de la Comunidad. Sanidad me preocupa inenos".

La transferencia de todas estas atribuciones pueden multiplicar por dos o tres el presupuesto actual de la Comunidad, de unos 200.000 millones de pesetas. La oposición critica que el crecimiento espectacular del esfuerzo presupuestario (que se ha multiplicado por cinco desde 1984) no ha ido acompañado de un aumento paralelo de competencias.

La Comunidad piensa reclamar también la recaudación de los impuestos sobre el patrimonio y las transmisiones patrimoniales, que sólo en Madrid le permitieron al Estado unos ingresos de 40.000 millones el año pasado.

Medios próximos al Gobierno regional reconocen que el estatuto de Madrid presenta un buen número de lagunas en comparación incluso con los de otras autonomías de la vía lenta, que han incluido en su mayoría una larga lista de competencias de "asunción diferida". Las citadas fuentes consideran "técnicamente deseable" la introducción de más de 40 modificaciones para aumentar las competencias en otras tantas materias.

Según estas fuentes, a las atribuciones de Trabajo, Seguridad Social y Educación habría que añadir un gran número de flecos no contemplados en el estatuto: regulación de espectáculos, de publicidad, de consultas populares de carácter local, legislación penitenciaria...