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RELIGIÓN

Malestar del Gobierno por las declaraciones del nuevo secretario del episcopado

Francesc Valls

El Gobierno ha expresado su malestar, aunque no protestará oficialmente ante la Santa Sede, por las declaraciones que el secretario general del episcopado, Agustín García Gasco, realizó a Radio Nacional el pasado domingo, en las que afirmaba que los creyentes están discriminados en España en razón de su fe.

El malestar es palpable en medios gubernamentales, tanto por las manifestaciones de García Gasco como desde que en la asamblea plenaria de los obispos -celebrada la pasada semana- se lanzaran duras y directas críticas contra determinados aspectos de la política del Ejecutivo. Por este motivo, no se descarta algún tipo de declaración pública por parte de algún miembro del Gobierno.En medios gubernamentales se asegura que el tema no será abordado en la reunión que celebrará hoy el Consejo de Ministros. Esta actitud contrasta con la que el Gobierno mantuvo el pasado mes de diciembre con motivo de la pastoral de los obispos vascos, Diálogo y negociación para la paz, que sí provocó una protesta ante el nuncio de la Santa Sede en España, Mario Tagliaferri, y ante el propio Vaticano. En aquella ocasión los titulares de las diócesis de Vitoria, Bilbao y San Sebastián proponían -tras condenar las acciones terroristas- una negociación entre el Gobierno y ETA basada en "mutuas concesiones", y consideraban la autodeterminación como un derecho propio de cada pueblo. El Ejecutivo lamentó entonces que se pusiera "prácticamente al mismo nivel la violencia del Estado y la violencia terrorista de ETA".

El discurso de Suquía

Al Gobierno le desagradó la semana pasada el discurso del cardenal Ángel Suquía -presidente de la Conferencia- ante los obispos, así como las declaraciones realizadas el pasado domingo a Radio Nacional por el nuevo secretario general, Agustín García Gasco, un hombre muy próximo a Suquía y en sintonía con los sectores más espiritualistas de la Iglesia.El presidente del episcopado había afirmado el pasado día 18, que el Gobierno hacía una política social incoherente y criticó, entre otras cosas, la política presupuestaria, que permite destinar partidas a centros de planificación familiar. La gota que colmó el vaso gubernamental fueron las declaraciones de García Gasco a Radio Nacional, en las que comparó España a Cuba y dijo que determinado carné político daba acceso a la Administración. "El que se declara católico es un ciudadano de tercera categoría", agregó el obispo secretario.

En una posterior conferencia de prensa, celebrada el pasado martes, García Gasco se reafirmó en estas declaraciones, aunque reconoció que para personas que tienen responsabilidades hay "días de sol, nubes y días de lluvia".

El Estado español y la Santa Sede mantienen relaciones diplomáticas y han suscrito acuerdos bilaterales en diversas materias, entre ellas el sostenimiento parcial de la Iglesia hasta su autofinanciación. Por este motivo, las protestas o notas verbales se realizan ante el embajador -en este caso, el nuncio- y ante la Secretaría de Estado vaticana.

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