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Reportaje:LAS NUEVAS COMUNIDADES / 8

Murcia, una región insatisfecha

Las fuerzas políticas murcianas quieren alcanzar el desarrollo autonómico pleno en la actual legislatura

Desde la constitución de la comunidad la responsabilidad de la política regional ha estado compartida por dos presidentes, los socialistas Andrés Hernández Ros y Carlos Collado Mena. El primero dimitió de su cargo en marzo de 1984, después de una serie de escándalos, incluido un intento de soborno a dos periodistas, supuestamente realizado por uno de los estrechos colaboradores del presidente. Carlos Collado, que sustituyó en la presidencia a Antonio Hernández Ros, fue reelegido tras las elecciones autonómicas de junio de 1987. Carlos Collado, señala que todas las comunidades "deben tener igual techo de competencias en un momento aún por determinar". Para Collado, el plazo, aunque comprende "la complejidad", podría ser la actual legisla tura. "La vía más sencilla", afir ma la primera autoridad regio nal, sería el contemplado por el artículo 150.2 de la Constitución que prevé la transferencia o delegación de facultades estatales por medio de ley orgánica. El CDS, según su presidente regional, Enrique Egea, es también partidario del uso de esta vía para acelerar la asunción de competencias, "pero sin perder de vista el conseguirlo a través de la reforma del estatuto, lo que debería hacerse en esta misma legislatura".La reforma del estatuto

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Para los centristas, el cambio de los estatutos se podría hacer coincidir en las comunidades autónomas de parecidas caracte rísticas, "pero siempre que ello no sirva de excusa para retrasar la reforma". Pedro Antonio Ríos, único diputado de Izquierda Unida opina que mientras no se produz ca la reforma del estatuto, "provisionalmente podría acudirse al 150.2 de la Constitución para conseguir las transferencias de Educación, Trabajo, Sanidad y del Inserso. Pero, añade Ríos, "sólo provisionalmente, ya que se ha de con seguir la reforma para obtener competencias de ejecución y le gislación, y no sólo de gestión". El presidente regional de Alianza Popular, Juan Ramón Calero, señala que a la hora de decidir si es conveniente la am pliación de competencias "hay que analizar dos factores: la ne cesidad real de asumir el autogobierno, que en Murcia se da en dos casos claros, Educación y Sanidad, y las posibilidades or ganizativas. Para Juan Ramón Calero, está claro que "hay una necesidad real, pero este Gobierno regional no creo que sea capaz, no está luchando por ellas. Ha de mostrado incapacidad organiza tiva". En la reivindicación de com petencias en Sanidad se ha llega do a constituir la comisión niixta para coordinar la política auto nómica con la realizada por el Insalud de cara a la posible asun ción de competencias.

Lo que en un principio parecía un primer paso ha quedado en suspenso ya que a finales del pasado mes de marzo se produjo la dimisión del consejero de Sanidad, Ricardo Candel, por estar en total desacuerdo con la política del Insalud.

Candel manifestó: "Tengo el convencimiento sincero de que no se vislumbran, no ya las transferencias, sino ni siquiera la capacidad de discutir cualquier decisión que afecte a las competencias del Insalud".

El estatuto de autonomía, que entró en vigor el 10 de julio de 1982, reconoce como competencias exclusivas de la comunidad autónoma la ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, y obras públicas "de interés para la región dentro de su propio territorio y que no sean de interés general del Estado ni afecten a otra comunidad autónoma", y transportes terrestres.

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También le reconoce competencia exclusiva sobre agricultura y ganadería, proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadío de interés para la comunidad autónoma, cuando el cauce integral de las aguas se halle dentro de su territorio.

Competencias

Ferias y mercados también son regulados en exclusiva por el Gobierrio regional, así como la artesanía, museos, archivos y bibliotecas,

Se consideran también materias bajo su gobierno las relacionadas con el patrimonio cultural, histórico y arqueológico, monumental y artístico de interés para la región. Asimismo, se hace cargo del fomento de la cultura y de la investigación, promoción y ordenación del turismo de ámbito territorial, promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio, bienestar y servicios sociales, política juvenil.

En el ejercicio de todas estas competencias le corresponde a esta comunidad autónoma las potestades legislativa y reglamentaria, así como la función ejecutiva, "que ejercerá respetando, en todo caso, lo dispuesto en la Constitución".

Según una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hace un año, el 38% de los murcianos opina que el autogobierno no ha cambiado nada, el 25% cree que las cosas han empeorado con la autonomía y el 24% considera que han mejorado.

Descontento

Los ciudadanos de esta comunidad autónoma se dividieron en tres partes casi iguales al valorar la política del Gobierno regional: "Más bien favorable" para esta región opinaba el 31 %, otro 30% lo consideraba "más bien desfavorable" y un 32% no sepronunciaba.

En la misma encuesta, un 33% de los murcianos preguntados estimó que el Gobierno de la nación favorecía a unas comunidades más que a otras; entre las regiones más beneficiadas figuran Cataluña, el País Vasco, Madrid y Andalucía.

Pequeños conflictos de competencia

El Consejo de Ministros ha requerido al Gobierno de Murcia para que suspenda un decreto relacionado con la recaudación de tributos, por considerar que el ejecutivo murciano es incompetente para adoptar determinadas iniciativas en esta materia. El conflicto, planteado el pasado febrero, fue provocado por la normativa aprobada por el Gabinete murciano, que dele ga en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario -a cargo de los registradores de la propiedad- "las funciones de gestión y liquidación del impuesto de sucesiones y donaciones". Según el Gobierno de la nación, la normativa no respeta la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma, que en este caso regula la Constitución.

La comunidad murciana ya ganó ante los tribunales otro conflicto planteado por el Gobierrio de la nación, que también estimó que no se respetaba el orden de competencias con un decreto de "protección de ecosistemas de aguas interiores", de importancia para Murcia porque regulaba las actuaciones en el Mar Menor, que es una gran laguna de'agua salada.

El conflicto surgió al no haberse excluido al Estado de la obligación de solicitar permiso a la Administración regional para realizar obras en las aguas interiores y en la zona terrestre adyacente.

No obstante, el conflicto más llamativo se produjo en relación con un convenio de cooperación entre las comunidades autónomas de Cataluña y de Murcia, que fue firmado en 1982 por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, y el entonces jefe del Gobierno murciano, el socialista Andrés Hernández Ros. El Ejecutivo nacional consideró aquel convenio . no ajustado a la ley", porque en aquella fecha, 1982, Murcia estaba todavía en la etapa preautonómica. '

Los conflictos citados ilustran claramente que Murcia no ha tenido graves contenciosos con el Gobierno de la nación desde que accedió a la autonomía hace cinco años.

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