Un problema aún sin solución

Después de un largo peregrinar por las Cortes Españolas, incluyendo su "inevitable" paso por el Tribunal Constitucional, por fin fue publicada en el BOE del 12 de julio de 1985 la reforma del artículo 417 bis del Código Penal, que despenalizaba tres supuestos concretos de aborto. Fue un largo camino iniciado, hace ya muchos años, por las organizaciones feministas y que finalmente vio luz en el ordenamiento jurídico vigente.Con aquella reforma algunos pensábamos que el primer paso para solucionar un problema que afectaba sobre todo a las mujeres estaba dado, saliendo a la superficie de la realidad una problemática que se saldaba de continuo con la huida al extranjero de aquellas que querían o tenían que hacer fuera lo que no podían resolver en su propio país.

Sin embargo, la aplicación de esta ley ha presentado grandes problemas desde su entrada en vigor hasta la fecha, incluyendo que fue preciso el desarrollo de la ley por orden de 31 de julio de 1985, que establecía los medios materiales y formales para la práctica del aborto, orden que obligaba a cumplir los requisitos impuestos por el Tribunal Constitucional en su resolución de 11 de abril de 1985, que es la que está siendo aplicada. Un nuevo real decreto, de 21 de noviembre de 1986, regulando los centros sanitarios acreditados y los dictámenes preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo, fue recurrido por la asociación Acción Familiar, pidiendo su suspensión cautelar, suspensión que fue acordada por fallo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y aún el problema sigue latiendo a la espera de señalamiento por la Sala Quinta del Tribunal Supremo.

Toda esta carrera de obstáculos entra en contradicción con un cambio sustancial producido en el seno de la opinión pública, que ha pasado de un inicial rechazo a la actual aceptación amplia de este hecho social, aceptación masiva en los supuestos aprobados por la ley. La sensibilidad de la población española ante el problema de los abortos clandestinos parece un hecho comprobado. Las actitudes, ante el riesgo que supone la integridad de la salud o la vida de la madre, se han vuelto mucho más permisivas hacia la ampliación de los supuestos del aborto legal.

Según una encuesta realizada en diciembre de 1986 por el Instituto de la Mujer, más de un 51% de los encuestados cree que la flexibilización de la ley actual contribuiría a evitar el aborto clandestino, garantizándose además que las interrupciones del embarazo pudieran realizarse en todos los centros públicos y permitiéndose su realización en las clínicas privadas.

Presión

Y, sin embargo, a pesar de esta opinión generalizada, la presión de grupos minoritarios y de algunos miembros de ciertas instituciones es la de seguir a la búsqueda de un culpable, sea a veces el médico, otras la mujer..., olvidando que en los conflictos personales y de conciencia no suele haber un culpable, y menos penalmente. Cuando estos grupos o personas no consiguen ese culpable mediante la vía penal, buscan otras vías de intimidación, casos como el de la clínica Tacoronte, en Canarias, o la clínica Dator,en Madrid, sin olvidar que en alguna ocasión grupos de antiabortistas han llegado al terrorismo contra las clínicas que realizaban abortos.

Un segundo aspecto del problema se configura equivocadamente como un litigio religioso, a raíz del hecho de que la Iglesia católica española publica sin cesar notas y comunicados en contra de la aplicación de una ley aprobada por el pueblo español, ley que, por otra parte, sabido es que no obliga a nadie, pues se trata de una cuestión personal a la que se enfrentan los individuos con libertad de opción y reconocimiento de un derecho personal que como tal se ejercita.

Quizá ha llegado el momento de planteamos que son las mujeres las que deben decidir. Esto ya lo ha afirmado en un lúcido artículo (publicado en el semanario británico The Observer del 21 de febrero de 1988) el hasta 1987 obispo de Birmingham, Hugh Monteflore, quien afirma, después de analizar lo ocurrido en el Reino Unido, que son las mujeres las que deben decidir abortar en las primeras semanas del embarazo, y se evitaría a los doctores una inoportuna responsabiidad. ¿Dónde trazar la línea entre riesgo y grave riesgo o entre deficiencia o grave deficiencia? Esto supondría el reconocinúento legal de algo que ya lo es defacto en Inglaterra.

Partiendo nosotros de una base legal parecida, se daría así satisfacción al sentir general de la población, prescindiendo, con todo el respeto democrático, de opiniones minoritarias y de interpretaciones restrictivas, parciales y obsoletas de algunos miembros de las instituciones que están imponiendo sus criterios minoritarios a la opinión de la mayoría.

Resulta imperiosa una nueva regulación legal del aborto. Y, finalmente, volver a recordar lo que parece que no se quiere entender, utilizando palabras del propio obispo de Birmingham: "¿No resultaría de la legalización del derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones un estímulo para acabar con su embarazo? Lo dudo. La mayoría de las mujeres quieren tener hijos. Esto equivaldría a decir que una mujer necesita salvarse de sí misma. La mayoría de las mujeres encontraría esto ofensivo".

Mi punto de vista, en suma, es que la ley debería permitir a las mujeres que decidieran por ellas mismas.