La Comunidad Europea, dispuesta a estudiar la liberalización de las exportaciones canarias

La Comunidad Europea (CE) está dispuesta a dar solución a los problemas canarios antes de fin de año para lograr que el archipiélago no continúe siendo en el futuro un escollo en las relaciones entre Madrid y Bruselas. El presidente del Gobierno autónomo, Fernando Fernández Martín, del CDS, obtuvo recientemente en Bruselas el compromiso delpresidente de la Comisión, Jacques Delors, de buscar salidas a la liberalización de las exportaciones canarias, principal causa de malestar en las islas tras su incorporación a la CE.Un grupo de altos funcionarios de la Comunidad estudia fórmulas originales para que el archipiélago se beneficie de las ventajas de la política agrícola común (PAC) sin necesidad de integrarse en la Unión Aduanera.

En los últimos meses las autoridades canarias han llevado a cabo una ofensiva ante Europa para mejorar las condiciones de ingreso de la comunidad autónoma en el grupo de los doce, con el fin de reparar a tiempo la situación de desventaja en que ha quedado la agricultura con respecto a otros sectores productivos. Canarias ha sido hasta ahora motivo de conflicto en las negociaciones entre la Administración española y la CE, corno consecuencia del modele, especial de adhesión elegido para las islas, que supone su presencia en la estructura comunitaria con excepción de la Unión Aduanera y las políticas agrícola y pesquera comunes. Esta fórmula ampara el régimen económico y fiscal (REF) específico del archipiélago.

El Parlamento canario aprobó por unanimidad una declaración consensuada en la que reclama a Bruselas el libre acceso de sus exportaciones- al mercado de los doce. Dicho documento fue entregado personalmente por el presidente Fernández Martín a Delors, sin perjuicio de su entrega oficial por parte española. El titular de la Cámara autonómica, Victoriano Ríos, respaldé a su vez esta iniciativa en Estrasburgo. La declaración canaria plantea, hasta tanto se supriman las trabas que limitan las relaciones comerciales entre la comunidad autónoma y Europa, una reducción gradual de los períodos de aplicación de los precios de referencia y una ampliación de los contingentes. Asimismo, se solicita la reserva del mercado peninsular para el plátano con carácter indefinido y una mayor flexibilidad de las reglas de origen para los productos industriales, al tiempo que se contempla la posibilidad de establecer derechos reguladores para defender la producción local.

En su visita a Bruselas, Fernández Martín demandó la cofinanciación al 50% de un programa nacional de interés comunitario para Canarias (PNIC), que contempla una inversión global para cuatro años de 80.000 millones de pesetas. Según advirtió, si en 1992, fecha en que finaliza el período transitorio de adaptación, no se han corregido los desfases que padecen las islas, "Canarias podría llegar a una crisis económica, social y política que la alejaría de Europa y de España". El archipiélago, dijo, exporta 60.000 millones de pesetas a la CE e importa cinco veces más.

Claúsula de salvaguardia

La mayoría de las fuerzas políticas canarias, con excepción del PSOE y otros grupos, es partidaria de aplicar una cláusula de salvaguardia en las islas para aplazar la entrada en vigor de la libre circulación de mano de obra hasta que desaparezcan los actuales desequilibrios en este territorio.

El Gobierno canario, formado por el CDS, Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), AP y Agrupación Herrera Independiente (AHI), está dispuesto a dar la batalla en Madrid y Bruselas para lograr los objetivos citados, que aparecen recogidos en un libro blanco elaborado por técnicos de la comunidad autónoma. Los agricultores han llegado a amenazar con romper el consenso sobre las condiciones especiales de adhesión del archipiélago. Están dispuestos a plantear la plena integración si antes de 1990 no se eliminan las trabas a sus exportaciones.

La aprobación a comienzos de este año en el Parlamento Europeo del informe Griffiths, documento clave sobre el futuro de Canarias en la CE, abrió el camino a la liberalización de los productos agrícolas y pesqueros insulares en el mercado comunitario. El informe, que es fruto de las iniciativas de eurodiputados canarios, aboga por una diversificación de los sectores productivos canarios y aconseja, particularmente, poner freno al crecimiento turístico. Además, recomienda facilitar el transporte de mercancías entre las islas y el continente, mejorar las comunicaciones interinsulares, paliar la escasez de agua y fomentar la calidad de la oferta de la mano de obra.