Los abogados de Granada proponen reducir los beneficiarios de la Justicia gratuita

La junta general del Colegio de Abogados de Granada ha propuesto al Ministerio de Justicia que sólo se puedan beneficiar de la gratuidad judicial los ciudadanos que no superen con sus ingresos el salario mínimo interprofesional. También piden que no se conceda la gratuidad cuando aparezca "cualquier signo extemo o modo de vida del peticionario" que demuestre la posesión "de medios superiores a los antes establecidos".Según los abogados granadinos la actual normativa permite la gratuidad "a un 90% de los ciudadanos". Asimismo han pedido la reforma de los turnos de oficio en la asistencia letrada al detenido.

Para los abogados "la falta de control de los juzgados y el poco rigor en investigar la verdadera solvencia de los que demandan este ejercicio" ha originado el aumento de peticionarios, muchas veces para "eludir el pago de honorarios a los profesionales intervinientes".

La justicia gratuita, una vez suprimidas las tasas judiciales, se reduce prácticamente a no abonar los honorarios de abogados y procuradores, que no son satisfechos sino parcialmente indemnizados por el Estado".

El colegio de abogados califica de "defraudación social" y "atentado a los legítimos derechos de letrados y procuradores" el acceso a la gratuidad judicial por parte de personas "con medios suficientes para liquidar". "Los procedimientos de justicia gratuita, cuando se tramitan, se hacen de manera formularia y rutinaria. Ni el letrado del Estado vela por los intereses del mismo, ni los juzgados examinan rigurosamente la mínima documentación que se exige".

En cuanto al turno de oficio, los abogados consideran necesaria su ampliación para todos los procedimientos civiles, laborales, penales y administrativos, y afirman que "la escasa indemnización" que reciben supone "un insulto" para quien presta el servicio.

Respecto a la asistencia al detenido, el Colegio de Granada propone la celebración de una entrevista entre el letrado y el detenido antes de que este preste declaración; que el abogado conozca totalmente las causas que han motivado la detención y las diligencias practicadas hasta ese momento, así como su participación activa en el interrogatorio.

Las sugerencias han sido enviadas, además del Ministerio de Justicia, a los presidentes del Congreso y del Senado, al presidente del Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo, entre otras instituciones. Entre las medidas consecuentes adoptadas por el colegio figura la disposición obligatoria, en lugar devoluntaria, de los abogados para asistir a los detenidos y para el turno de oficio.