Una urgente llamada a Occidente

Los negros de Suráfrica han actuado con la más destacable paciencia en su presión para lograr sus derechos humanos.En los años cincuenta lanzaron una desafiante campaña de no violencia. En los sesenta, sus protestas pacíficas se encontraron con las balas de Sharpeville y con la prohibición del Congreso Nacional Africano y del Congreso Panafricano. Sin nada que mostrar tras medio siglo de peticiones, los líderes negros pasaron a la clandestinidad o partieron al exilio para comenzar la lucha armada.

Sin embargo, la campaña pacífica continuó con Steve Biko y otros jóvenes intelectuales negros forjando una nueva filosofía de conciencia negra que ayudara a la gente a reafirmar su humanidad y respeto hacia sí misma. Los levantamientos de 1976 comenzaron como protestas pacíficas de nuestros hijos contra su educación de quinto nivel, y sólo se convirtieron en violentas como reacción a las balas de la policía.

En los años ochenta ha continuado la misma pauta. Mientras un número creciente de personas, los jóvenes en particular, ha elegido la violencia como un último recurso, muchos de nosotros todavía exploramos cualquier camino pacífico para cambiar la situación.

Hemos desarrollado una serie de organizaciones (la más importante de ellas es el Frente Democrático Unido, una coalición de alrededor de 600 grupos antiapartheid) cuya finalidad es la resistencia a un Gobierno que en 1984 fue tan lejos como incorporar el apartheid a la Constitución mediante la creación de cámaras separadas en el Parlamento según sus razas.

Hemos utilizado muchos medios no violentos para tratar de traer un cambio, tales como huelgas, huelgas de alquiler y boicoteos de los consumidores. Las autoridades han respondido con estados de emergencia y el endurecimiento de las leyes de emergencia. Prohiben las protestas pacíficas, detienen a nuestros hijos y proscriben a nuestros líderes. Paso a paso, desde 1985, el Gobierno del presidente P. W. Botha ha cerrado todos los caminos de un cambio político pacífico.Líbano, como aviso Hace unos 15 días, el Gobierno eliminó casi todos los medios efectivos de trabajar para un verdadero cambio político pacífico al prohibir las actividades políticas de 18 organizaciones y proscribir a 18 líderes.

Lo que otros líderes de la Iglesia y yo mismo encontramos especialmente horrible fueron las restricciones impuestas a dos líderes del Frente Democrático Unido que habían sido abogados de la paz en dos de las más desesperadas áreas de crisis de nuestra tierra, en un campo de ocupantes ilegales en Ciudad del Cabo y en las ciudades flotantes alrededor de Peitermaritzburg, en Natal.

En una declaración inusualmente fuerte, afirmamos que cuando vimos la prohibición de estos líderes, el acosamiento de hombres de paz, la ausencia de arrestos a personas contra las que hay clara evidencia de asesinato o asalto, sólo podíamos concluir que "las autoridades están obstruyendo deliberadamente la paz en nuestro país y fomentando la violencia entre nuestro pueblo".

"Su propósito", decíamos, "es. utilizar fuerzas subrogadas para aplastar la oposición efectiva a su herética política de apartheid, y asegurarse todo lo posible de que es sangre de personas negras, y no de blancos, la que se derrama en la consecución de su objetivo".

Si se permite que continúe, la incitación deliberada a la violencia en nuestro país le convertirá en un páramo del estilo de Líbano. Lo sentíamos de una forma tan fuerte que el 29 de febrero intentamos ir al Parlamento para presentar un recurso pidiendo al Gobierno que diera marcha atrás en el camino elegido. La respuesta más creativa a un acto pacífico de testimonio cristiano que el Gobierno pudo dar fue arrestarnos.

Es algo claro que el Gobierno actual ha elegido una opción militar para el futuro. El ministro del Interior, Adriaan Vlok, ha hablado claramente de la necesidad de "eliminar a radicales y revolucionarios".

El Gobierno no sólo amenaza la seguridad y la vida de los surafricanos, sino que también está desestabilizando toda la región del sur de África y amenazando los intereses en la región de los más importantes clientes comerciales, incluyendo a EE UU, el Reino Unido y la República Federal de Alemania. Incluso si pudieran creerse sus más extravagantes argumentos de un poder compartido con los negros, no ofrecen más que simbólicos rostros negros en su gabinete. El Gobierno no tiene intención de renunciar a su control.

Como alguien que cree que no, se debe utilizar nunca la violencia, también creo que puede llegar un momento -como cuando los nazis invadieron Europa- en que esté justificado tomar las armas contra un sistema injusto. Puedo, por tanto, tener simpatías por aquellos que han decidido que la violencia está justificada.DesafíoPor lo que a mí respecta, sin embargo, estoy de acuerdo con Allan Boesak, jefe de la Iglesia reformada holandesa y defensor del Frente Democrático Unido, cuando dice que nosotros no debemos descender al nivel del Gobierno respondiéndole con violencia. Ésa es la razón por la que nosotros hemos formado en Ciudad del Cabo el Comité para la Defensa de la Democracia, para luchar pacíficamente contra la prohibición del Gobierno a sus oponentes.Imaginad nuestra desesperación, sin embargo, cuando aquellos de nosotros que aconsejamos a gente desesperada actuar de forma no violenta nos despertamos con la noticia de que Estados Unidos y el Reino Unido habían vetado de nuevo los intentos internacionales de hacer lo mismo. La decisión de norteamericanos y británicos de vetar sanciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas era, como mucho, asombrosa a la luz del arrogante desafío del representante de Suráfrica en el Consejo de Seguridad de hacer "lo que le diera la gana".

Quiero formular un desafío a los Gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y la República Federal de Alemania. Ustedes dicen que están contra el apartheid. Si es así, hagan tres peticiones al Gobierno surafricano:

Primera, el estado de emergencia debe ser levantado.

Segunda, las restricciones impuestas el mes pasado sobre nuestros líderes y nuestras organizaciones deben terminar.

Tercera, los detenidos, en especial si son niños, deben ser juzgados en tribunales públicos o puestos en libertad.

Si el Gobierno no cumple estas peticiones, deben cortar sus relaciones diplomáticas. Éste no sería un paso radical, dadas las presentes circunstancias. No va a suponer un coste en puestos de trabajo o vidas humanas. Sería sólo un gesto, pero dramático y con profundas consecuencias psicológicas para quienes ejercen el poder en Suráfrica.

¿O quieren ustedes otro Líbano?