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Editorial:

La hora ecológica

EL INVETERADO silencio ecológico mantenido secularmente en España comienza a ser roto por el impacto de la integración de nuestro país en la Comunidad Europea. Hasta ahora, las leyes españolas han ignorado los nocivos efectos sobre el ambiente de los proyectos industriales públicos y privados, y las autoridades nunca han mostrado una especial sensibilidad por esta cuestión. En honor a la verdad, hay que decir también que el pueblo español no había desarrollado hasta fecha muy reciente una conciencia social a la altura del problema.Los daños producidos en los últimos decenios por el desarrollo industrial y turístico han sido inmensos, y para atestiguarlo están los ríos contaminados, los bosques quemados, las costas y los mares litorales esquilmados y las ciudades llenas de suciedad y de ruido. Sólo en 1983 se tipificó como delito la actividad contaminante, pero cinco años más tarde apenas se cuentan con los dedos de la mano los procesos abiertos. El balance no pasa de una condena simbólica de un mes y un día de arresto al director de la central térmica de Cercs (Barcelona) por la emisión de lluvia ácida y del procesamiento de un grupo de arroceros de las marismas del Guadalquivir y de dos altos cargos de la Junta de Andalucía por el envenenamiento con plaguicidas de varios miles de aves acuáticas del parque de Doñana. Y en este último caso, la iniciativa judicial puede que tenga algo que ver con el hecho de que el presidente del patronato del parque sea el vicepresidente del Gobierno.

La hora de la verdad en lo que se refiere a la protección del medio ambiente ha llegado a España con su adhesión a las Comunidades Europeas, pero el desafío no se circunscribe sólo al cambio de las leyes, sino sobre todo al más arduo de las mentalidades. En este sentido, la homologación española con Europa marca el inicio de una áspera batalla contra la actitud de desidia y de abandono del español por la naturaleza y contra los intereses de todo tipo que se han montado sobre su incontrolada explotación. La política medioambiental de la CE tiene una sólida base jurídica en el Acta Única y se ha concretado hasta ahora en numerosas directivas y en cuatro programas de acción obligatorios para los países miembros. El último, actualmente en vigor, exige un requisito novedoso y, sin duda, chocante para los modos hasta no hace mucho al uso en la actividad económica e industrial: la integración de los aspectos medioambientales en las políticas económicas, industriales, agrícolas y sociales desarrolladas tanto en la Comunidad como en sus países miembros. Hoy ya nadie considera que las medidas protectoras del medio ambiente provocan exclusivamente costes. Han pasado a constituir, sobre todo, un factor nada desdeñable de crecimiento económico y de generación de empleo.

En los años inmediatos a su integración en la CE, España ya se adelantó a resolver un problema que no admitía más dilación y que amenazaba sobre todo a la salud de los habitantes de las grandes concentraciones urbanas: la disminución del contenido en plomo de las gasolinas y del dióxido de carbono y de partículas en la atmósfera. Después, las grandes leyes, como la de Aguas de 1985 y la de Costas, ahora en debate parlamentario, ya recogen en su articulado las directivas comunitarias. A partir del próximo mes de junio, toda gran obra o construcción -refinerías de petróleo, plantas siderúrgicas y químicas, autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, grandes presas, etcétera- deberá superar una evaluación de impacto ambiental para obtener autorización administrativa. Las sociedades desarrolladas, y España aspira a ser una de ellas plenamente, están emplazadas cada vez más, aunque sólo fuera por razones de competitividad, a poner bienes y servicios limpios en los circuitos de consumo. Porque lo que está en juego no es ya sólo el derroche irresponsable o el uso racional de los recursos naturales, sino, por encima de todo, la supervivencia de las personas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de marzo de 1988