A la tercera ¿va la vencida?

Las condiciones de adhesión de Canarias perseguían mantener en sus aspectos esenciales las especialidades históricas ligadas a los puertos francos, básicas para el desarrollo socio-económico insular. Recordemos los elementos del estatuto comunitario de Canarias: las islas se incorporan plenamente a la CE, si bien quedan fuera de la política comercial y de la Unión Aduanera, de la aplicación del impuesto sobre el valor añadido y de las políticas agraria y pesquera de la Comunidad. Dichas condiciones equivalen al grueso de las aspiraciones canarias contempladas en la denominación opción 2ª de integración, aprobada por amplia mayoría en la Cámara autonómica.A pesar de tales logros y de las mejoras obtenidas el pasado año en el marco de la política mediterránea de la CE, es obligado poner de relieve que dentro de la opción 2ª se incluía la creación de una zona de libre comercio Canarias-CE. Es más, en la sesión del Parlamento de Canarias del 1 de diciembre de 1983, en la que se aprobó dicha opción, se dijo por el entonces consejero de Economía, señor Molina Petit, que "si no se consiguiese la posibilidad de mandar libremente nuestros productos a la CE, la opción 2ª no sería válida...

Pues bien, hay que afirmarlo con rotundidad: no se consiguió la zona de libre comercio, y ahí están para demostrarlo las trabas impuestas a las exportaciones isleñas (contingentes arancelarios y precios de referencia para los productos agrarios y pesqueros, reglas de origen para los industriales). Dentro del modelo canario de desarrollo, cuyos pilares son el "complejo turístico-inmobiliario" y el comercio, y bajo la óptica de un adecuado equilibrio intersectorial, han de tener cabida asimismo sectores distintos al terciario, para lo que resulta imprescindible la liberalización de los envíos a la CE.

¿Habrá, por tanto, que replantearse la posición? ¿Hacia cuál de las otras dos opciones posibles? ¿Hacia la primera de plena integración, o más bien hacia la tercera de no integración?

Lo cierto es que ha transcurrido escaso tiempo desde la incorporación a la CE, por lo que resulta prematuro reabrir en estos momentos una polémica -no tan obsoleta como algunos quisieran- sobre la modalidad de adhesión. Con ello se estaría propiciando la previsible ruptura del acuerdo sobre el tema Canarias en la CE y, en última instancia, de la región que con tantas dificultades se intenta construir; bajo las actuales circunstancias podría dar inicio un proceso que se sabe cómo empieza pero no a dónde conduce, aunque determinadas salidas sugiere, mutatis mutandis, el señor Molina Petit en su esclarecedor artículo La prosperidad de las islas Canarias (EL PAÍS, 7 de septiembre de 1987) cuando, hablando de la necesaria flexibilidad y libertad de comercio para los territorios alejados, añade que "...la rigidez aleja, y no sólo económicamente, y ahí están las lecciones del siglo XIX de España con América del Sur, cuando España limitó el comercio de las colonias e impuso el derecho de bandera, impidiendo que ese continente se beneficiara del libre comercio y forzándolo a su independencia".

'Alternativa completa'

Todo indica que la posición del Parlamento de Canarias en torno a la opción 2ª en su totalidad como fruto de un vasto consenso entre las fuerzas políticas, económicas y sociales del archipiélago sigue, en línea de principio, plenamente vigente. El vicepresidente de la Comisión Europea, Manuel Marín, preguntado hace poco sobre qué modificaciones convendría introducir en la relación Canarias-Comunidad, respondió que "corresponde ante todo a los canarios decidir qué es lo que quieren". Los canarios sabían y saben lo que quieren, y ya lo decidieron hace más de cuatro años: la alternativa completa englobada bajo la opción 2ª. Es decir, lo conseguido en su día por los negociadores españoles, más el poder "mandar libremente nuestros productos a la CE", lo que, en síntesis, se traduce en la supresión de contingentes arancelarios y precios de referencia para las producciones agrarias y pesqueras, y la flexibilización de las reglas de origen, que permitan el libre acceso al mercado europeo de los productos de Canarias.

En la perspectiva del mercado interior unificado, previsto para 1992, no cabe duda de que situaciones diferenciales como la planteada por Canarias resultan, cuando menos, incómodas. No es, desde luegoja única, estando, entre otros, los regímenes especiales de los departamentos franceses de ultramar y de los llamados "países y territorios de ultramar" (DOM y PTOM, respectivamente), así como de los archipiélagos de Azores y Madeira. No es aventurado imaginar, por consiguiente, que para realizar las previsiones del Acta Única Europea en lo que se refiere a estos lugares pudiera existir la tentación de una más completa aplicación en los mismos de los tratados fundacionales y del derecho derivado de la CE.

La tesis de las especificidades insulares, que desde el primer momento defendió el Gobierno de la nación en relación con Cananas, empieza a ser comprendida y asumida por algunas instituciones de Bruselas. Así, es de reciente aprobación un dictamen del Parlamentó Europeo en dicha dirección y, por su parte, la Comisión Ejecutiva de la CE creó hace tiempo un grupo de trabajo interservicios "DOM, PTOM, Canarias, Ceuta, Melilla, Azores y Madeira" para estudiar las diferentes situaciones, habiéndole encargado un informe sobre la eventual modificación del status de Canarias en la CE que debe concluirse en mayo.

Instancias de la Comunidad, adecuadamente sensibilizadas, se van a seguir mostrando receptivas hacia los problemas del archipiélago canario, tan europeo por español, otorgándole una mejor situación en su seno. Y no sólo, aunque también, porque las tres cuartas partes del comercio exterior de Canarias -excluidos los productos petrolíferos- se verifica con el territorio aduanero comunitario (o sea, con la CE a 12, incluyendo el resto del Estado) tanto en lo concerniente a las exportaciones como, sobre todo, a las importaciones.