Tránsito sin rescisiones de productos marroquíes por suelo español
El tramo final de las negociaciones hispano-marroquíes se resolvió en sólo dos días de conversaciones. Un récord, si se tiene en cuenta que el 31 de julio del año pasado, cuando concluyó el acuerdo firmado por España, sólo pudo alcanzarse una prórroga de seis meses y que el 31 de diciembre el desacuerdo se resolvió con la expulsión de los pesqueros que faenaban en las aguas controladas por Marruecos.Las conversaciones previas han evitado un tercer firacaso. Al margen de las compensaciones que concede la CE, España se compromete a establecer un acuerdo bilateral de transportes, de aplicación progresiva durante tres años, que permitirá el tránsito sin rescisiones de los productos marroquíes por nuestro suelo. Así se lo confirmó el secretario de Estado español para la CE, Pedro Solbes, a su homólogo marroquí, Mohamed Seqqat, en la cena que mantuvieron ambos el pasado martes en Bruselas.
El tránsito es una obligación jurídica para España, pero se había convertido en un arma de presión durante toda la negociación. También será la clave futura para estabilizar las relaciones de los países sobre las que hasta ahora ha primado la tensión. España es el segundo proveedor de Marruecos, y quiere hacer de este país un socio comercial estable. La oferta española, similar a la realizada el pasado mes de julio, incluye un acuerdo de financiación todavía no precisado.
Coartada perfecta
Se trata, según la valoración que en su día hizo el Ministerio de Asuntos Exteriores, de una "coartada perfecta para poder canalizar fondos hacia Marruecos que signifiquen en realidad compensaciones por un acuerdo satisfactorio en materia pesquera y que queden al mismo tiempo totalmente desligadas del mismo".
Las autoridades marroquíes han esperado el tiempo suficiente para obtener un doble precio por su acuerdo de pesca, el que paga la Comunidad Europea y el que tendrá que aportar España.
Por su parte, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Carlos Romero, manifestó ayer que el acuerdo alcanzado suponía "el último acto español de ajuste del Tratado de Adhesión a las Comunidades."
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