Empresas privadas gestionarán el tratamiento de los residuos tóxicos y peligrosos

La Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) ha elaborado el reglamento de la ley básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos del 14 de mayo de 1986 y el plan nacional previsto en esta ley. El director general de Medio Ambiente, Fernando Martínez Salcedo, calcula que estas normativas entrarán en vigor en unos cinco meses, una vez que sean discutidas en comisión y aprobadas en Consejo de Ministros. La novedad más importante que presenta el reglamento es que 15 empresas privadas gestionarán este tipo de residuos.

El Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos prevé la construcción, en un tiempo de cinco años, de seis plantas de tratamiento físico-químico de residuos, seis depósitos de seguridad y tres incineradoras. Estas plantas se distribuirán por Madrid, Barcelona, Valencia, el País Vasco, Andalucía y Galicia, según el criterio de que son las zonas de máxima producción de residuos tóxicos y peligrosos.Las empresas privadas que van a gestionar este tipo de residuos se encuentran en Madrid (ocho), Barcelona (cuatro), Vizcaya (dos) y Tarragona (una). Entre los requisitos que deberán cumplimentar figura la presentación ante la Administración de sendos proyectos, uno técnico y otro de explotación, así como un estudio de impacto ambiental y pruebas de la cualificación del personal que trabaje en estas empresas. También se verán obligadas a pagar una fianza del 20% sobre las obras de explotación proyectadas.

Las tarifas, modificables cada año, que deberán pagar estas empresas oscilan entre 1.000 y 48.000 pesetas por tonelada para el tratamiento fisico-químico de residuos; 4.425 y 33.175 pesetas por tonelada para la incineración; y 5.000 y 17.000 pesetas por tonelada para los residuos que vayan a parar a un depósito de seguridad. El director general de Medio Ambiente afirma que el coste mayoritario de la gestión de los residuos tóxicos va a correr a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas que posean en su territorio alguna planta de tratamiento, porque "en ningún momento se ha pensado con estas normativas crear problemas a las empresas productoras de estos residuos".

El Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos va a invertir unos 45.000 millones de pesetas en los próximos cinco años, que irán a cubrir la construcción de nuevas plantas de tratamiento. Martínez Salcedo no cree que este tipo de instalaciones deban ser consideradas como peligrosas "si están bien hechas y cumplen las limitaciones reglamentarias", por lo que no es necesario que se construyan en áreas alejadas de los núcleos urbanos.

La gestión de los residuos será regulada por la Administración central y las comunidades autónomas que cuenten con una planta de tratamiento. Cuando los gestores de estos residuos no cumplan la normativa vigente podrán ser sancionados con el cierre definitivo o temporal de sus instalaciones, y una multa de hasta 100 millones de pesetas en casos muy graves. En este apartado se incluye la importación o exportación de residuos, el abandono de los mismos o la omisión de obligaciones respecto a la Administración, como es la elaboración, de parte de las empresas gestoras, de una memoria anual sobre sus actividades. Las sanciones graves prevén el cierre de instalaciones y multas de hasta 50 millones de pesetas.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el del transporte. Martínez Salcedo señala que los residuos tóxicos y peligrosos se regulan a través de los mecanismos internacionales de transporte. La Dirección General de Medio Ambiente sólo se responsabiliza de que el residuo que llegue a la planta de gestión sea el mismo que salió de la planta de producción. "En caso de accidente, la competencia es de Protección Civil". Todos los productos tóxicos deberán ser codificados mediante un sistema de dígitos para facilitar su identificación. La producción de residuos tóxicos en España se ha incrementado en un 300% en los últimos cinco años, según Martínez Salcedo. La producción total alcanza una cifra de 1.700.000 toneladas anuales. No entran en este volumen ni tampoco son regulables por esta normativa los residuos radiactivos y mineros, las emisiones a la atmósfera y los efluentes cuyo vertido a los cursos de agua o al mar esté regulado por otras leyes.

Incineración

Fernando Martínez Salcedo afirma que mientras no entren en funcionamiento todas estas plantas seguirán incinerándose en el mar parte de los residuos almacenados. "En este sentido hemos pedido los permisos oportunos a la Convención de Oslo, pero no sabemos ni dónde ni cuándo se van a incinerar, aunque esperamos que sea en el mar. Si no fuera así se buscaría algún sitio alternativo en tierra".Martínez Salcedo asegura que ha visitado varios países para conocer la gestión de este tipo de residuos, y en todos los casos el método más empleado es la incineración o el tratamiento físico-químico.

"Quien crea que existen otros sistemas más limpios que lo diga y lo demuestre", añadió el director general. En cualquier caso, la mejor solución para los productos organohalogenados es la incineración".