Análisis para los aspirantes a funcionarios de la CE
Los aspirantes a funcionarios de la Comunidad Europea (CE) son sometidos a una serie de análisis médicos, entre los que figura la prueba del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), según confirmó ayer la propia Comisión Europea.Un portavoz comunitario explicó que el análisis del SIDA se incluye dentro de los exámanes médicos de aptitud, pero precisó que el solo hecho de ser seropositivo "no supone automáticamente la exclusión del candidato".
La multinacional holandesa Phillips, en cambio, sólo admite a un nuevo empleado si la prueba obligatoria sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida resulta negativa.
Esta práctica choca con la declaración general aprobada por el Consejo de Ministros de la Comumidad Europea en mayo pasado, según la cual las pruebas para detectar el SIDA no pueden practicarse de forma obligatoria sobre la población.
También contraviene las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que ha insistido, en la primera cumbre mundial de ministros de la Salud celebrada esta semana en Londres, en que la discriminación contra las víctimas del SIDA representa un serio peligro para la sanidad pública, porque impulsa a los pacientes a ocultar su enfermedad, evitar los cuidados médicos y, por tanto, ayuda a extender el contagio.
Los expedientes médicos del personal de la Comunidad Europea están sometidos a rigurosa confidencialidad, por lo que es difícil comprobar si el hecho de que el análisis resulte seropositivo supone en la práctica un método de selección.
Según fuentes de la comisión, la negativa a someterse a la prueba "impediría al consejo médico forjarse una idea concreta de la aptitud física del candidato".Al margen de los exámenes de ingreso, los funcionarios comunitarios son sometidos cada año a un chequeo médico en el que la prueba anti-SIDA "no es obligatoria, pero sí aconsejable".
El estatuto de funcionario europeo contiene una cláusula que permite a los servicios médicos establecer una reserva sobre los gastos médicos que se deriven de cualquier enfermedad padecida por un funcionario de nuevo ingreso.
Ello permite a la Comisión ahorrarse durante cinco años el coste del tratamiento de la enfermedad o invalidez detectadas.
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