Los peronistas piden que se investigue una presunta trama civil golpista
Más de 300 oficiales y suboficiales detenidos en Argentina por su implicación en la sublevación militar encabezada por el teniente coronel Aldo Rico deberán responder ante la justicia, que ha iniciado los trámites para delimitar las responsabilidades. El presidente de la Comisión de Defensa del Senado, el senador radical Antonio Berhongaray, recordó que Rico podría ser condenado incluso a pena de muerte, si se le aplica estrictamente el Código de Justicia Militar. El Partido Justicialista (peronista) ha propuesto la creación de una comisión de las dos cámaras del Parlamento para investigar la trama civil de un presunto "golpe desestabilizador en marcha".
En un comunicado del Estado Mayor del Ejército se da la cifra de 60 oficiales y 222 suboficiales detenidos. Este número se refiere solamente a seis regimientos de Infantería y a la compañía de Ingenieros de Monte Caseros, que también se amotiné con Rico, y que miné los puentes de la zona. A estas cifras del Estado Mayor hay que añadir 11 oficiales y 13 suboficiales de la unidad de Artillería antiaérea de San Luis, que también se rebelé. No se ha publicado la cifra de detenidos por la rebelión del regimiento de Tucumán. El jefe rebelde teniente coronel Angel León sigue fugitivo. Tampoco están incluidos en las cifras del Estado Mayor del Ejército los militares y civiles detenidos por formar parte del comando que tomó el aeroparque de Buenos Aires, el segundo aeropuerto civil de la capital, que el lunes quedó cortado al tráfico y en poder de los amotinados.Según la calificación de los delitos, unos corresponden a la justicia militar y otros a los tri bunales ordinarios. Para ilustrar sobre las cabriolas jurídicas del caso, basta el ejemplo de las disquisiciones sobre si Rico era o no militar en el momento de su rebelión. Se argumenta que Rico, por ser prófugo, había perdido su condición de militar, cuando se rebeló en Monte Caseros.
Resquicios legales
El senador Berhongaray declaró que Rico podría ser condenado a muerte. El artículo 686 del Código de Justicia Militar establece que "los promotores del motin, los cabecillas o los oficiales de más graduación o antiguedad que participen del delito serán condenados a muerte o reclusión por tiempo indeterminado, en el caso de que el motín ocasionare derramamiento de sangre". Los tres heridos por la explosión de una mina abren la puerta a la aplicación de la pena de muerte, posibilidad completamente descartada. Según fuentes oficiales, ningún Gobierno radical aplicará la pena de muerte. Esto no impide que las opiniones más frecuentes, expresadas las últimas horas, exijan que se aplique con rigor la ley contralos amotinados, si bien los resquicios legales son múltiples.Por otra parte, la universidad de Santiago de Compostela nombró doctor honoris causa a Raúl Alfonsín, hijo de padres gallegos, informa Elisardo Vázquez. Entre las causas de la distinción, el rector, Carlos Pajares destacó "su lucha por las libertades y la democracia", la asunción de su ascendencia gallega, su vinculación al fenómeno de la emigración y su interés por Galicia.
