'Informe sobre las autonomías'

Días atrás tuve ocasión de participar en un coloquio celebrado en Gerona sobre la situación actual y las perspectivas del Estado de las autonomías, en el que tomaron parte algunos de los más eminentes especialistas de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Financiero de toda España. El coloquio giró en torno al informe redactado por un grupo de profesores de la facultad de Derecho de la universidad de Barcelona -Eliseo Aja, Joaquín Tomos, Tomás Font, Juan Manuel Perulles y Enoch Alberti- y editado muy recientemente por el Ayuntamiento de Barcelona, con el título de Informe sobre las autonomías. Se trata de un notable documento que, por su contenido y por las discusiones que puede suscitar -como ya se vio en Gerona-, se sitúa en el centro mismo del debate sobre el futuro de las autonomías y de su posible concreción en sentido federal.Hasta ahora el debate sobre el desarrollo federal del Estado de las autonomías ha tenido un carácter esencialmente político y un contenido muy general. Personalmente, siempre he creído que uno de los peligros de este debate es que se acabe convirtiendo en una discusión meramente ideológica sobre conceptos como el de soberanía y en una batalla dialéctica sobre el sentido de la nación. Creo que por ahí no vamos a ningún lado y que no se trata de cambiar la lógica del Estado de las autonomías, sino de desarrollar las potencialidades de éste hasta sus máximas consecuencias. Por eso la propuesta de desarrollo federal del Estado de las autonomías ha de acabar teniendo un contenido esencialmente técnico. Sobre esto empieza a existir también ya un cierto grado de acuerdo, pero de ahí no se pasa, y después de decir que lo fundamental es examinar los aspectos técnicos -políticos, constitucionales y administrativos- del asunto nos quedamos en este nivel y apenas entramos en el detalle.

Pues bien, el Informe sobre las autonomías a que me estoy refiriendo es exactamente esto: un balance del Estado de las autonomías y una serie de propuestas técnicas para desarrollarlo en sentido federal. Se trata, pues, del primer gran paso dado en la dirección adecuada, o si no del primero, por lo menos el de más entidad hasta ahora.

Después de un primer balance general, el informe examina los problemas existentes en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, la posición y las funciones de los Parlamentos autónomos, la organización de la Administración autonómica, la Administración local, la reforma de la Administración del Estado, las relaciones entre el poder central y las comunidades autónomas, el papel del Senado y las posibles reformas que se pueden introducir en esta Cámara sin modificar la Constitución, los problemas que plantea el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea y el papel de las comunidades autónomas tanto en la CEE como en el conjunto de las relaciones internacionales de España y, finalmente, la financiación de las Administraciones territoriales.

Entre los análisis y las propuestas de mayor significación, creo que se pueden señalar los siguientes:

1. La igualación creciente de las competencias de las comunidades autónomas, para avanzar hacia un techo lo más común posible como meta final del sistema autonómico.

2. La necesidad de adoptar un criterio más formal para la definición de las bases normativas, para superar la actual indeterminación del concepto de base material.

3. La implantación de un auténtico federalismo de ejecución, en el sentido de que las comunidades autónomas deberían asumir ordinariamente la ejecución de la legislación del Estado, con capacidad de desarrollo reglamentario de ésta y con la consiguiente descentralización de todo el aparato administrativo del Estado.

4. La organización más funcional de las Administraciones autónomas, evitando que reproduzcan en pequeño las estructuras de la Administración central. En este sentido se insiste mucho en la necesidad de potenciar la delegación o la encomienda de funciones autonómicas a los entes locales y de potenciar igualmente los mecanismos de participación popular.

S. La simplificación de los niveles administrativos, de modo que éstos se reduzcan básicamente a tres: el central, el autonómico y el local. Para ello se requiere igualmente la reforma de la Administración del Estado y la reducción drástica de la administración periférica del mismo, suprimiendo, entre otras instituciones, la figura del gobernador civil-

6. La potenciáción, por vía de convenios y acuerdos, de los mecanismos de auxilio entre el poder central y las comunidades autónomas, la creación de plataformas generales de coordinación entre el Estado y todas las comunidades autónomas y muy especialmente de una conferencia permanente de las comunidades autónomas, de composición flexible y estructura permanente, que sea el interlocutor general y ordinario de éstas con el Estado y el cauce habitual de cooperación entre las propias comunidades autónomas. En el mismo sentido se propone la creación de mecanismos generales de planificación conjunta. Se trata, en definitiva, de que las comunidades autónomas no sólo ejecuten normalmente la legislación del Estado, sino que participen en la discusión y la elaboración de ésta y de que las grandes decisiones de inversión o de planificación se tomen conjuntamente.

7. Participación estable de las comunidades autónomas en las relaciones con la Comunidad Europea, tanto en la toma de decisiones del Estado como en la ejecución de la normativa comunitaria. Esto debería conseguirse mediante un convenio entre todas las comunidades autónomas y el Estado, de carácter general. Del mismo modo, se debe reconocer protagonismo propio a las comunidades autónomas en las relaciones internacionales.

S. Finalmente, se propone un modelo de financiación que asegure la efectiva autonomía financiera de los tres niveles -estatal, autonómico y local-, con la necesaria corresponsabilización fiscal de cada uno y un reparto más equilibrado del gasto público.

Creo que este mero enunciado, casi telegráfico, muestra que estamos ante un importante documento y que con él el debate sobre el desarrollo federal del Estado de las autonomías empieza a entrar, por fin, en el nivel técnico, que es donde debe situarse.