Archivado el expediente por presunta malversación de fondos en la Alhambra

La fiscalía de la Audiencia Territorial de Granada ha archivado el expediente abierto a instancia de la Junta de Andalucía para aclarar una presunta malversación de fondos públicos de altos cargos del anterior Patronato de la Alhambra. Según publica el periódico Ideal, la existencia de una cuenta bancaria sin fiscalizar, donde se ingresaba la recaudación de la venta de objetos de recuerdo, era una práctica regulada y habitual desde hace 50 años.

La existencia de tales ingresos fuera del presupuesto era conocida por el patronato, del que formaban parte, entre otros, el interventor delegado del Ministerio de Hacienda y el director general de Bellas Artes.La existencia de la cuenta sin fiscalizar en el Banco de Granada fue descubierta meses después de que la Junta de Andalucía asumiera las competencias sobre la Alhambra. El descubrimiento coincidió con la aparición de 20 millones de pesetas en un archivador del monumento, procedentes de los ingresos del denominado servicio de publicaciones, que cubría la edición de libros y tarjetas postales, venta de objetos de recuerdo y el alquiler de determinados locales. Con estos ingresos se abonaban gratificaciones a los empleados.

La suspensión del cobro de estas cantidades, una vez que desapareció el patronato y en su lugar la Junta de Andalucía creó una comisaría de carácter transitorio, provocó en septiembre de 1985 una huelga de tres días de los trabajadores del monumento. La fiscalía considera que tal movimiento de fondos quizá no fuese muy reglamentario, pero que no entra en el ámbito penal debido a que no se destinó a fines particulares.

La fiscalía considera que no hay pruebas de que el ex gerente se apropiara de fondos o permitiera la apropiación a una segunda persona, sino que se trata más bien de una justificación documental insuficiente de la economía del patronato. La fiscalía también niega que existan indicios para creer que Francisco Sánchez se apropiara de documentos que contenían la contabilidad fuera de presupuesto. Así, se señala que no se ha probado una voluntad de apoderamiento definitivo ni se ha producido un daño a la Hacienda pública.

La fiscalía asegura que la diligencia de revisar todas las actas de los plenos del patronato es fundamental para determinar la responsabilidad del ex gerente, pero que no se ha practicado. Esta diligencia fue solicitada al presidente del actual patronato de la Alhambra, Mateo Revilla, quien no las remitió en detalle sino en resumen.

El consejero de Cultura andaluz, Javier Torres Vela, desconocía ayer la decisión de archivar el expediente, por lo que declinó hacer cualquier comentario. El Gobierno autónomo remitió en el pasado mes de abril a la fiscalía de la Audiencia de Sevilla los resultados de una auditoría practicada a las cuentas del anterior patronato, así como una serie de documentación complementaria por si existían indicios de delito penal. La fiscalía de Sevilla se declaró incompetente y la voluminosa documentación fue remitida a la de Granada.

La auditoría fue realizada por una empresa particular en septiembre de 1985, una vez que se detectara la existencia de la cuenta encubierta y aparecieran los 20 millones de pesetas en el archivador. Entonces, los trabajadores iniciaron una huelga de tres días de duración en protesta por la suspensión de las gratificaciones bimensuales que recibían. Al final, la Consejería de Cultura, de la que dependen los empleados, acordó que los trabajadores percibieran tal complemento a razón de 200.000 pesetas anuales, absorbible en un plazo que oscila entre nueve y 17 años, según las categorías.

El contenido de la auditoría no se hizo público nunca de forma oficial, si bien miembros de la junta de portavoces del Gobierno andaluz filtraron algunos datos sobre la existencia de presuntas anomalías, tales como la corrección y aumento de presupuestos ya cerrados o una reposición de seis millones de pesetas a una cuenta del patronato en el Banco de Santander realizada por el ex gerente como "aportación personal".

La Junta de Andalucía ya abrió expediente administrativo al ex gerente del patronato. El alcalde de Granada, el socialista Antonio Jara, criticó en varias ocasiones las episódicas noticias sobre la resolución de la auditoría filtradas a la Prensa en los últimos años, que, a su juicio, no aclaraban nada y mantenían la incertidumbre.