La juez Huerta propone que se procese a mandos y agentes de la Guardia Civil por el 'caso Linaza'

La magistrada María Elisabeth Huerta, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, ha remitido las diligencias por presuntos malos tratos a Tomás Linaza a la Audiencia Provincial, que deberá decidir el procesamiento de 12 miembros de la Guardia Civil. El auto, dictado el pasado 27 de octubre, señala la existencia indiciaria de conducta delictiva de dos oficiales, un suboficial, un cabo y ocho números de la Guardia Civil, a los que se acusa de malos tratos, prevaricación, denegación de auxilio y falsificación de documento oficial. Uno de los oficiales puede ser condenado a 12 años.

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La resolución de la juez pone fin a una instrucción de tres años, marcada en septiembre de 1986 por un serio conflicto entre el Gobierno y el poder judicial, al ordenar el Ministerio del Interior a 9 guardias civiles que desatendieran la orden de comparecencia a las ruedas de identificación. La orden fue conocida y aprobada por el Ministerio de Justicia y el presidente del Ejecutivo, Felipe González.Los miembros del instituto armado cuya participación en los hechos se considera probada indiciariamente son el sargento Alfredo Serrano Pastor y el número Lucio de Sosa Robledo, por un supuesto delito de malos tratos, y el comandante José Martín Llevot, el capitán Rafael Masa González, el cabo Ángel Fuente Romero y los números Julián Pérez Mentesinos, Miguel Caballero Sánchez, Paulino Santos Campama, Felipe Mateos Robles, Diego Cerón García, Santiago López Rico y Eduardo Herrero Prieto, por un presunto delito de prevaricación. El procesamiento de os agentes es competencia de las audiencias provinciales, y no de los jueces de instrucción, en virtud de la ley de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.

Los dos oficiales son presuntos autores de otro delito de denegación de auxilio; y el comandante, además, de un delito de: falsificación de documento oficial. El Código Penal castiga el delito de malos tratos por funcionarios públicos con penas de un mes y un día a seis meses de arresto mayor; el de prevaricación, con penas de inhabilitación especial, de seis a doce años; el de denegación de auxilio, también con inhabilitación especial, de seis a doce años, y el de falsificación de documento público con penas de presidio mayor, de seis a doce años.

Tiempo transcurrido

El auto de la juez Huerta reconoce a existencia de más personas implicadas en los malos tratos a Tomás Linaza, de 73 años, pero considera que el tiempo transcurrido desde que se iniciaron las diligencias imposibilita su identificación. Este inciso parece suponer, de hecho, la suspensión de las ruedas de reconocimiento de guardias civiles relacionadas con este caso, en las que han participado cerca de 200 agentes.La juez recoge el dictamen firmado en Madrid por el médico forense, a petición del juzgado de instrucción central de la Audiencia Nacional, donde se consigna la existencia de hematomas de hasta 10 centímetros de superficie en el cuerpo de Linaza así como erosiones cutáneas en período de cicatrización. Huerta explica que el forense enviado por el juzgado el 15 de mayo a la Comandancia de la Guardia Civil de Bilbao no pudo ver al detenido porque el comandante Martín y el capitán Masa le indicaron que ya no se enontraba allí, impidiéndole cumplir el mandato judicial. El comandante Martín afirmó en un oficio del 13 de junio de 1983, en respuesta al juzgado, que cuando compareció el forense, Linaza ya había sido conducido a Madrid. Sin embargo, el detenido fue trasladado a Madrid en una conducción efectuada el 16 de mayo, a las tres de la madrugada, según puede leerse en el atestado correspondiente.

La orden de detención de Linaza la dio el capitán Masa al número Pérez Montesinos. El oficial, según el auto, bajó a los calabozos y vio allí a Linaza.

El sargento Serrano y el cabo Fuente actuaron como instructor y secretario de las diligencias, respectivamente.

Serrano y el número De Sosa han sido reconocidos por Linaza como autores de los malos tratos. Pérez Montesinos también ha sido reconocido como uno de los interrogadores, pero no como participante en los malos tratos. Lucio de Sosa, retirado ya del servicio, fue condenado el 20 de julio por la Audiencia de Bilbao a cinco meses y dos días de arresto mayor y seis años y un día de inhabilitación por malos tratos al detenido Josu Torre Altonaga.

El número Caballero, adscrito en aquellas fechas al servicio de incidencias y encargado de la custodia de Linaza, fue, según el auto, una persona clave. Caballero ha reconocido que vio a Linaza tirado en el suelo, babeando y en mal estado. Ha admitido también que varios compañeros penetraron en el calabozo de Linaza, aunque no ha facilitado su identidad.

Los miembros del instituto armado que participaron en los interrogatorios, según se acreditó mientras las diligencias eran instruidas por un juzgado militar, fueron Pérez Montesinos, Santos, Mateos, Serrano, el cabo Fuente, De Sosa, Herrero, López Rico, Cerón, Caballero y Antonio Núñez Berrocal. Este último se ha comprobado luego que se encontraba de permiso en el momento (le los hechos.

La extensa resolución de la magistrada detalla la evolución judicial de la denuncia presentada el 15 de mayo de 1981 por la esposa deTomás Linaza, detenido el día anterior. Las diligencias previas pasaron en diciembre de 1981 del juzgado número tres de Bilbao a la jurisdicción militar, que en febrero de 1984 se inhibió en favor de la ordinaria. En marzo del mismo año, el juzgado de instrucción número 13 de Madrid se inhibió, a su vez, en favor del de Bilbao.

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