Otros procedimientos

El auto de la juez Elisabeth Huerta que traslada a la Audiencia de Bilbao la decisión de procesar a 12 miembros de la Guardia Civil no agota las posibles consecuencias penales del caso Linaza, como la resolución de la magistrada recuerda. El auto se refiere a la existencia de un procedimiento independiente, al que no afecta la decisión sobre el comandante, el capitán, el sargento, el cabo y los ocho números.Además de la investigación sobre los responsables de los malos tratos a Tomás Linaza, Huerta instruye diligencias complementarias sobre posibles responsabilidades de mandos de la Guardia Civil, por anomalías en la aportación de datos durante la investigación, y de miembros del Gobierno, en relación con la orden de incomparecencia de 90 agentes ante el juzgado, en septiembre de 1986.

En las diligencias sobre anomalías en el suministro de información oficial solicitada por el juzgado aparecen citados, entre otros, el general José Antonio Sáenz de Santa María, que fue director general de la Guardia Civil, y Germán Corral Bernabé, antiguo coronel responsable del servicio informático del instituto armado y en la actualidad jefe del cuerpo en la zona tercera (Levante). Las diligencias sobre presuntas responsabilidades en la incomparecencia de los agentes convocados a ruedas de identificación en septiembre del año pasado se refieren al presidente del Gobierno, Felipe González, y a los ministros de Interior y Justicia, José Barrionuevo y Fernando Ledesma, respectivamente.

La situación actual de este procedimiento es deconocida. En caso de que aportase indicios de responsabilidad penal, debería ser elevado al Tribunal Supremo, único organismo competente para decidir el procesamiento de miembros del Ejecutivo.