El empleo, un reto para Leguina

Después de la renovada investidura de Leguina como presidente del Gobierno regional de Madrid (en situación de precariedad parlamentaria), la incógnita radica en saber si desde la Comunidad de Madrid se van a aportar iniciativas y medios para corregir los graves desequilibrios sociales y territoriales de la región.Las dudas surgen al recordar su primer mandato, marcado por la autocomplacencia y la insensibilidad social; es decir, el conservadurismo político. La pérdida de la mayoría absoluta del PSOE, aparte de una mayor confrontación Gobierno-oposiciones, no presupone que vayan a darse resultados más fértiles en relación a los problemas populares.

La inercia de la Comunidad en cuestiones económico-sociales y, por tanto, el incumplimiento de tantas promesas se intentó justificar tomando como base la falta de competencias, y así se cerró los ojos ante hechos "tan madrileños" como el cierre de Kelvinator, Pepsi-Cola o Isodel, mientras se desechaban mecanismos de generación de empleo alternativo y se daba carpetazo al Plan Económico General.

Ahora parece que la izquierda y el centro es unánime en la necesidad de elaborar dicho plan, aunque sólo hablen de su utilidad genérica.

También existe el mismo consenso positivo, sobre el Consejo Económico Social para la participación de sindicatos y empresarios, pero este organismo ¿será un continuador del ya fracasado Consejo de Relaciones Laborales? Sería deseable que esto no sucediese, para lo cual el nuevo organismo debería tener amplias competencias más allá del marco de la Consejería de Trabajo y Economía. Igualmente, sería saludable que se quebrase el monopolio de representatividad de los empresarios, que sin ningún título ostenta la CEIM, filial de la CEOE.

Por parte de CC OO hemos repetido que es posible una política social progresista en el ámbito regional, diferenciada de los cánones liberales y antiobreros que aplica para todo el Estado el equipo -económico de Solchaga. Está claro que una política económica regional de izquierdas en Madrid serviría sólo para paliar alguno de los efectos de la crisis, pero se trabajaría en la dirección correcta.

Economía de izquierdas

¿Pero está en el ánimo de los gobernantes de nuestra autonomía realizar esa otra pólítíca? .

Si nos atenemos al tipo de discurso que Leguina prodiga últimamente, parece que sí. Claro, que habría que pasar de las palabras a los hechos. No basta decir, como hizo Leguina en su investidura, que se detesta el sistema capitalista si al mismo tiempo toda la planificación económica se reduce a entregar suelo y dinero público a la empresa privada sin ningún control y con la sola exigencia de que contraten algún trabajador aunque sea por un día, como ha venido ocurriendo hasta ahora, sin más progreso en el empleo que el que consiguen sucesivas manipulaciones estadísticas.

Es preciso crear empresas públicas, apoyar y proteger a las pequeñas e impulsar las cooperativas. Hay recursos para abordar este plan, están en parte en la propia comunidad. Y los hay en los ayuntamientos, especialmente en el de la capital, que podrían coordinarse si se da una voluntad común en el PSOE madrileño. Asimismo, sería exigible a la Administración central y a la Caja de Madrid la aportación de otros recursos.

1. Hay que solicitar competencias importantes en materia de trabajo, industria y economía. El año 1988 es la fecha en el que el estatuto de autonomía abre esta posibilidad, que no puede ser ignorada, ya que posibilitará a la Comunidad de Madrid tener un espacio propio en el control del mercado de trabajo y aumentará la capacidad de diseñar políticas laborales y sociales vinculadas al desarrollo regional. Para ello es imprescindible que la Administración central no niegue su colaboración y deje de considerar a Madrid como una autonomía de cuarta, a la cual, por estar más cerca, se la controla férreamente, tutelando todas sus iniciativas.

Para ir modificando dicha relación es la propia Comunidad de Madrid la que debe reclamar dicha colaboración.

2. Aspectos como la economía sumergida, la formación ocupacional, la consolidación sindical, la participación de los trabajadores en la empresa pública, el acceso de los jóvenes a un puesto de trabajo, la política de viviendas sociales, la introducción de nuevas tecnologías en la industria, el tiempo de trabajo, el desarrollo del transporte público, son insoslayables en cualquier plan de empleo que quiera elaborarse.

Sería deseable que la izquierda -PSOE, IU, CC OO y UGT principalmente- nos movilizásemos para impulsar este proyecto de empleo, en el que también otras entidades y grupos pueden aportar mucho. Será especialmente significativa la actitud del CDS, cuyo portavoz, Fernando Castedo, ha advertido que va a exigir al Gobierno regional beligerancia contra el paro.