El poder judicial cree que el Ejecutivo no solucionará en 1988 las necesidades "más perentorias" de la justicia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abriga el temor de que el Gobierno no atenderá en los Presupuestos Generales del Estado para 1988 "las necesidades más perentorias y urgentes [de la Administración de justicia] cuya realización en el próximo año se hace ineludible" y que figuran detalladas en un documento de 48 folios entregado al ministro de Justicia, Fernando Ledesma. A pesar de las previsiones optimistas del Ministerio de Justicia, con vistas al ajuste final de los presupuestos que hará hoy, viernes, en su reunión el Consejo de Ministros, el órgano de gobierno del poder judicial recuerda que ya las "exigencias mínimas" para 1987, "que no podían esperar", no fueron cubiertas.

El CGPJ tiene serias dudas sobre que el presupuesto para 1988 sea capaz de financiar el plan de creación de nuevos órganos judiciales, refuerzo de la plantilla de los existentes y levantamiento de nuevos edificios y reparación de -otros. El plan supone la creación de 211 plazas de magistrados y jueces para los juzgados y tribunales ya existentes, así como 131 nuevos órganos jurisdiccionales cuya ubicación detalla: 67 juzgados, 26 salas de lo contencioso-administrativo, 19 de lo penal y 9 de lo civil, 9 magístraturas de trabajo y un juzgado de vigilancia penitenciaria en Cádiz.El Consejo advierte que la creación de estos 131 nuevos órganos jurisdiccionales lleva consigo la dotación de otros tantos secretarios y el correspondiente personal auxiliar y colaborador. A esto hay que añadir que, dadas las numerosas plazas vacantes, subsiste, según el Consejo, "la insuficiencia generalizada de las actuales dotaciones de funcionarios de secretaría". De ahí que proponga un aumento del 25% en los cuerpos de oficiales y agentes judiciales y del 30% en el de auxiliares.

Nuevos edificios judiciales

Dentro de las necesidades urgentes e inaplazables, y al margen de la relación de reparaciones planteada, el Consejo propuso nuevos edificios para los juzgados de Sevilla, Cádiz, Cabra, Peñarroya-Pueblonuevo y Priego de Córdoba (en Andalucía); Zaragoza y Calamocha (en Aragón); Palma de Mallorca, Felanitx y Mahón (en Baleares); Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y juzgados de San Sebastián de la Gomera, Puerto del Rosario y San Bartolomé de Tirajana (en Canarias); Castro Urdiales y Reinosa (en Cantabria); Tomelloso, Villarrobledo, Villanueva de los Infantes y Molinade Aragón (en Castilla-La Mancha).Igualmente, el Consejo propuso nuevos edificios para los juzgados de Medina de Rioseco y Alcaflices (en Castilla y León); juzgados y magistraturas de Gerona (en Cataluña); juzgados de Cáceres, Fregenal de la Sierra y Villafranca de los Barros (en Extremadura); Pontevedra, Lalín y Villagarcía de Arosa (en Galicia); Alcalá de Henares y Navalcarnero (en Madrid); Murcia, Molina de Segura y Mula (en Murcia); Pamplona y Aoiz (en Navarra); Audiencia Territorial de Bilbao y juzgados de San Sebastián, Vitoria, Baracaldo, Basauri y Guecho (en el País Vasco), y para las magistraturas de trabajo de Valencia y los juzgados de Onteniente, Liria y Paterna (en Valencia).

El documento del Consejo reseña que en los últimos años se han inaugurado numerosos edificios judiciales, pero añade que "eran y son tales las carencias en este terreno que es preciso hacer un auténtico esfuerzo" para 1988. El Consejo recuerda asimismo los órganos judiciales creados en años anteriores, pero que todavía no han entrado en funcionamiento -ocho juzgados y cinco magistraturas de trabajo-, así como los 23 creados en junio de este año -19 juzgados y 4 magistraturas de trabajo-, que tampoco funcionan todavía.

Juzgados desbordados

Sobre esta última creación de nuevos órganos judiciales, el Consejo revela que la propuesta hecha al Ministerio de Justicia por el pleno celebrado el 15 de enero de 1987 fue de 46, de los que sólo se han creado la mitad, "al parecer", dice, "por falta de.locales aptos para su ubicación". El Consejo señala: "No puede ser obstáculo para la creación de nuevos órganos jurisdiccionales en poblaciones cuyos juzgados se encuentran literalmente desbordados de trabajo la excusa de falta de locales. Hay que buscar alternativas a las edificaciones en propiedad, como puede ser el alquiler o la ocupación provisional por cesión". En apoyo de esta solución, afirma que consta "la buena disposición para cesión de locales por parte de ayuntamientos y corporaciones".Otra necesidad urgente es, según el Consejo, la constitución de servicios comunes -tanto para erradicar las corruptelas como para un más eficaz funcionamiento- en las poblaciones en las que tienen su sede un elevado número de órganos judiciales. El CGPJ pide al Ejecutivo la dotación de medios necesaria para que la oficina de servicios comunes en los juzgados de primera instancia de Madrid se extienda a los de instrucción, así como la constitución de servicios similares en- la Audiencia Provincial y magistraturas de trabajo de la capital de España, y la creación de oficinas únicas en Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria.