El Gobierno argentino emprenderá una amplia reforma financiera y la desregulación comercial

El Gobierno argentino está preparado para iniciar el asalto final a la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT), central sindical de orientación peronista, si el Partido Radical gana las elecciones parlamentarias y de gobernadores de provincia que se realizan mañana en todo el país. La provincia de Buenos Aires, donde votan más de siete millones de ciudadanos, es el distrito clave. Las encuestas indican un virtual empate entre el candidato radical a gobernador, Juan Manuel Casella, y el peronista, Antonio Cafiero. La política económica del Gobierno, pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras el último acuerdo que prorrogó el pago de la primera cuota del capital de la deuda externa hasta 1992, consiste en iniciar una amplia reforma financiera y una acelerada desregulación de la actividad comercial.

El Gobierno argentino ya ha iniciado un plan de privatizaciones que complementa a la llamada "capitalización de la deuda externa". Mientras, continúa el "ajuste sobre el ajuste" que se aplica tras los sucesivos fracasos del Plan Austral. La moneda fue devaluada más del 14% en el mes de agosto, y se calcula que el índice de inflación será similar.Los candidatos de la oposición advirtieron que el anuncio del tarifazo, como se denomina aquí al aumento generalizado de los precios al consumo, se estaba produciendo ya en agosto y era sólo un anticipo de lo que ocurriría en septiembre. El Gobierno intentará para entonces dividir a la central única de trabajadores, de orientación peronista, con el deliberado propósito de controlar las reacciones de los gremios.

El Partido Radical utilizó diferentes tácticas desde que asumió el poder en su intento de dominar la estructura sindical peronista. Primero envió al Parlamento un proyecto denominado ley de Reordenamiento, que aprobó con mayoría propia en la Cámara de los Diputados y fue rechazado en el Senado por la alianza de los legisladores peronistas con representantes de partidos provinciales. Ese fracaso le costó el cargo al primer ministro de Trabajo, Antonio Mucci. El debate derivó en un grave conflicto social que dejó como saldo, en cuatro años, la realización de ocho paros generales. El actual candidato a la gobernación de Buenos Aires por el radicalismo, Juan Manuel Casella, sucedió a Mucci en el ministerio y se comprometió desde el primer día a renunciar seis meses después.

Diálogo con los sindicatos

Su único objetivo era lograr la reparación del diálogo" con la CGT y para ello abandonó la posición dura y extrema que había adoptado el Gobierno. En ese período, hacia fines de 1984, se acordó la legalización de las organizaciones sindicales tal como la deseaban los líderes sindicales. A Casella le sucedió en 1985 el dirigente de origen sindical Hugo Barrionuevo, que se mantuvo hasta marzo de este año en su puesto, pero no logró convencer a la CGT sobre la necesidad del "acuerdo social" que reclamaba el Gobierno.El presidente Alfonsín, alentado por Enrique Nosiglia, su joven operador político -como se llama en Argentina a los encargados de negociar por fuera de los canales habituales y los ámbitos públicos-, decidió en abril hacer una apuesta fuerte: designó como ministro de Trabajo a un dirigente sindical peronista que representaba a los sectores más cercanos al Gobierno. Nosiglia preparó pacientemente una alianza con sindicatos importantes desplazados de la conducción en la CGT y reunió así al llamado grupo de los 15, de los que surgió el nuevo ministro Carlos Calderete.

La cohabitación en el área laboral se festejó con un típico asado que el presidente ofreció a los dirigentes más notorios del grupo. La mayoría de ellos son los mismos integrantes de la burocracia sindical que el entonces candidato Raúl Alfonsín denunciaba antes de las elecciones generales de 1983. Tal es caso de Jorge Triacca y Armando Cavalieri. En una conferencia de prensa convocada en mayo de aquel año, Alfonsín los había acusado de preparar un pacto sindical-militar en el que, dijo, "se ahogará la democracia". Los 15 comenzaron ahora a socavar el poder de Saúl Ubaldini, líder de la CGT, que decidió participar de la campaña electoral peronista. Desde el ministerio, el grupo de los 15 manipula las elecciones que deben celebrarse en los sindicatos más importantes antes de fin de año y alienta una convocatoria de la asamblea de sindicatos en la CGT para separar a Ubaldini.

Al mismo tiempo, el Gobierno insiste en la necesidad de la "autorregulación de la huelga", "la defensa de la fuente de trabajo antes que los salarios" y "la existencia de dos o más centrales sindicales".

La ofensiva contra la CGT es notable y sólo se ha detenido unos días por la campaña electoral. El plan económico y la modernización que propone el Gobierno son inaplicables sin la colaboración de los dirigentes sindicales.

Para preparar el asalto final sería reemplazado el actual ministro de Trabajo, Calos Calderete, si el radicalismo vence en las elecciones. El dirigente Armando Cabalieri ocuparía el cargo, y otro ministerio, el de Salud y Acción Social, sería cedido también a un miembro notable del grupo de los 15.