La CE y Marruecos llegan a un acuerdo para prorrogar las actuales condiciones de pesca

IGNACIO CEMBREROLa Comunidad Europea (CE) y Marruecos alcanzaron ayer, poco antes de medianoche, un acuerdo pesquero transitorio de cinco meses que permitirá a los 700 barcos de la flota española seguir faenando en aguas marroquíes y saharianas. Noventa minutos antes de que expirase, a las doce de la noche, el acuerdo bilateral quinquenal entre España y Marruecos, el comisario de Pesca de la CE, Antonio Cardoso e Cunha, llegó por teléfono a un compromiso verbal con el titular marroquí de Asuntos Exteriores, Abdelatif Filali.

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El pacto entre caballeros conseguido por los dos responsables empezó de madrugada a ser puesto por escrito por los colaboradores del comisario portugués y a primera hora de la mañana será enviado por telex a Rabat, que dispone de plazo hasta las 13 horas (hora peninsular española) para dar su conformidad mediante el mismo procedimiento. El acuerdo alcanzado recoge a grandes rasgos las medidas transitorias que los embajadores de los doce ante la CE habían aprobado el pasado martes y que consisten, basicamente, en prorrogar a nivel comunitario el actual statu quo del acuerdo bilateral.La principal diferencia con lo acordado hace tres días por los embajadores es que la duración del acuerdo provisional será de cinco meses en lugar de tres y medio, pero tanto el número de licencias como las modalidades financieras no deberían ser modificadas. Concretamente, un parrafo del acuerdo a punto de ser plasmado señala que las actuales licencias serán prorrogadas en las mismas condiciones técnicas y financieras actualmente vigentes, y descarta, por tanto, cualquier regresividad.

El coste del acuerdo provisional se elevará para la Comunidad a cerca de 12 millones de ECU, y en esa cantidad se influyen también la parte de los canones abonados por el Estado español, que correrá ahora a cargo de la CE, y las becas concedidas para que un centenar de estudiantes marroquíes cursen estudios en España.

Filali acepto estas condiciones para que se pudiese así negociar entre Marruecos y la CE en un clima distendido un acuerdo por tres o cuatro años que debería estar ultimado de aquí al 31 de diciembre.

Una España comunitaria

En la Representación de España ante la CE, donde un puñado de funcionarios permaneció de guardia hasta la madrugada de hoy, el encargado de negocios, Javier Elorza, y sus colaboradores no ocultaban su satisfacción.

La alegría era achacable no sólo a haber logrado evitar que la flota interrumpa su actividad pesquera, sino a la aparente aceptación por parte de Marruecos de que España forma parte de la Comunidad y que, por tanto, es con los doce con quien debe negociar.

A primera hora de la tarde, la Comisión Europea, que había recibido un mandato para llevar a cabo la negociación con Rabat, rechazó la propuesta de Marruecos de prorrogar el acuerdo bilateral hispano-marroquí. Esta decisión incitó al Gobierno español a anunciar la retirada de los 700 barcos de la flota pesquera española que faenan en aguas marroquíes.

Paralelamente al anuncio de su decisión, el órgano ejecutivo comunitario puso a punto un conjunto de medidas de ayuda social a los pescadores afectados y de indemnizaciones a los armadores que Javier Elorza, numero dos de la representación de España, describió como "sustanciosas".

El rechazo del Ejecutivo europeo se basaba en que la proposición de Rabat equivalía a considerar que España seguía siendo un país tercero no perteneciente a la Comunidad Europea, y en que la prorroga sugerida prejuzga hasta cierto punto el resultado del acuerdo definitivo que la CE debe concluir con Marruecos.

Antonio Cardoso e Cunha contestó a la carta del ministro marroquí de Asuntos Exteriores, que le había sido remitida la víspera, asegurándole que la CE "no estaba en condiciones de aceptar tal arreglo (...)". La respuesta a Filali del comisario portugués satisfizo a la diplomacia española porque constituía una muestra de solidaridad de los doce con Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 31 de julio de 1987.

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