Antonio Fontán y Luis Apostua discrepan en el seminario de Santander sobre la conveniencia de una ley de Prensa

Antonio Fontán, catedrático de Filología, ex presidente del Senado en la etapa constituyente y último director del periódico Madrid, cerrado por el régimen del general Franco, dijo ayer en Santander que la mejor ley de Prensa es la que no existe, refiriéndose al posible envío al Parlamento por el Gobierno de una ley que regule la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas.Esta posición contestaba a la expresada por Luis Apostua, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, en la misma sesión del seminario La ley y los medios informativos, que, patrocinado por el Instituto Internacional de Prensa (IPI), se está celebrando en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander. Apostua, autor de la enmienda por la que se introdujo en el artículo 20 de la Constitución la figura del secreto profesional y la cláusula de conciencia, se mostró partidario de regular estos dos derechos como garantía de una información más veraz y objetiva.

"No soy nada partidario de una legislación especial para la información", dijo Antonio Fontán, "entre otras razones porque la experiencia histórica demuestra que las leyes específicas para la información se constituyen en una limitación o en un privilegio. La información es una industria y los actores de esta industria son ciudadanos como los demás, que deben estar sometidos al derecho común y nada más".

Un privilegio

Sobre la cláusula de conciencia, Fontán afirmó que en ningún caso debería ser un privilegio de los periodistas. Tanto esta figura como la del secreto profesional han de estar enmarcadas dentro de las leyes generales, según Fontán.El presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Luis Apostua, se mostró, por el contrario, partidario de la regulación de los derechos a la cláusula de conciencia y al secreto profesional, "porque no son temas corporativistas que interesen a los periodistas en función de su propia persona, sino porque van encaminados a servir a la sociedad para proporcionarle una información más veraz y objetiva".

Apostua dijo que el Gobierno se había comprometido a enviar a las Cortes antes de este verano una ley que desarrollara estos dos derechos reconocidos en la Constitución.

Anne Lapping, productora ejecutiva del programa Una semana en la política, de la televisión británica ITV, dijo que los periodistas británicos se están pronunciando ahora en contra del secreto profesional, al mismo tiempo que afirman que no deberían publicarse artículos en los que no se pudiera decir quién ha dicho qué. Lapping aseguró que esta actitud no podría durar mucho tiempo, puesto que la sociedad británica es muy cerrada y los periodistas no podrían publicar muchas informaciones si no fuera al amparo de la no identificación de las fuentes.

Tampoco Piero Otone, ex director del periódico Corriere della Sera y actual ejecutivo del grupo Mondadori, es partidario de una legislación especial sobre el secreto profesional, "porque si a un periodista no se le obliga a hacer públicas sus fuentes de información mientras que al resto de los ciudadanos se les obliga a ello, esto puede convertirse en una licencia para el primero. Otro tema bien distinto es, en Italia, el de la cláusula de conciencia, que está regulada por convenios colectivos de las empresas".

En la sesión de la tarde, dedicada a los carnés de prensa y a la colegiación, Pedro Crespo de Lara, secretario general de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), dijo que tanto los carnés de prensa como la colegiación obligatoria de los periodistas son limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión y, por tanto, contrarios al,artículo 20 de la Constitución y la Convención de los Derechos Humanos. Enrique Zileri, director de Caretas, de Lima, se mostró también contrario a la colegiación obligatoria.

Brenda Maeldox, comentarista del periódico Sunday Telegraph, de Londres, se pronunció igualmente en contra de una acreditación internacional para los periodistas, "porque se convertiría en un instrumento muy práctico en manos de los Gobiernos para negar esa acreditación y coartar la libertad de expresión".