La sesión secreta

LA SESIÓN, calificada de secreta, que celebra hoy la Comisión de Exteriores del Congreso para debatir la negociación con EE UU sobre las bases no levanta muchas pasiones. Nadie espera que el ministro Fernández Ordóñez aproveche la ausencia de los medios de comunicación, para hacer revelaciones. Lo esencial del tema es conocido, si bien sería un hecho positivo que los diputados pudieran tener acceso a los documentos intercambiados entre las delegaciones de España y EE UU. Pero la sesión no se justifica por necesidades informativas. El problema real es que la negociación entra en su recta final y el Gobierno se esfuerza por obtener el máximo apoyo parlamentario. Por lo mismo, el carácter secreto es ridículo: la opinión pública tiene derecho a conocer de forma oficial, y no sólo mediante referencias informales, los perfiles de una negociación que afecta al interés y a la seguridad de los ciudadanos. Contrasta vivamente esta actitud del Gobierno español con lo que está sucediendo en el Congreso norteamericano respecto a la investigación del Irangate.En sus términos fundamentales, la cuestión que está sobre el tapete estriba en si EE UU va a aceptar retirar los 72 F-16 actualmente estacionados en Torrejón como forma de dar cumplimiento efectivo, y no simbólico, a una cláusula del referéndum sobre la OTAN, según la cual se procedería a "la reducción progresiva de la presencia militar de EE UU en España". Todos los indicios son que, en efecto, de una forma u otra, esto va a ser aceptado. Y no puede decirse que Washington tenga motivo de queja. No se ha planteado nada -por citar el caso más obvio- sobre la base de Rota, que es la que tiene mayor importancia pura la estrategia de EE UU. Y no sólo para las misiones de la OTAN, sino también -no huelga decirlo- para otros objetivos propios que tiene EE UU en el Mediterráneo oriental y en Oriente Próximo. Y Rota quedará garantizada por un tratado de rango parlamentario, cosa que no sucede con casi ninguna otra de las bases norteamericanas en Europa.

La opinión pública española apoya al Gobierno en la demanda de que EE UU retire sus aviones de Torrejón. Tal retirada no tendría ninguna consecuencia grave en el terreno de la seguridad occidental y España ha insistido en que está dispuesta a dar facilidades en plazos y modalidades. La no retirada de los aviones chocaría, en cambio, con exigencias políticas irrenunciables par el Gobierno es pañol, como es, en este caso, la voluntad popular expresada en referéndum. La relación de EE UU con la España de es muy diferente a la que existía en el pasado. El franquismo cedió las bases a cambio de ayuda política y económica. Pero la subsistencia hoy de las bases sólo puede justificarse en función de una mutua conveniencia entre aliados. Estados Unidos, a la vez que España, debe estar interesado en dejar claro ese cambio en el carácter de la relación.

Los norteamericanos han abultado las consecuencias de la retirada de los F-16. Pero no por razones militares, sino por temor a que el caso español sea un "mal ejemplo" para Grecia u otros países. Sería, sin embargo, peor para EE UU que no haya acuerdo el 16 de noviembre. Una solución en un ambiente de amistad y pragmatismo, sin sacar lapanoplia de los argumentós tremendistas, resulta beneficiosa para todos. Este parece ser el ambiente que se ha abierto camino en las últimas conversaciones con Shultz, aunque la posición oficial norteamericana todavía siga invariada.

Por su parte, no es probable que las fuerzas políticas españolas, por mucha que sea la elocuencia de Fernández Ordófiez, cambien sus conocidas posiciones en el debate. Las últimas elecciones, sin embargo, han puesto de relieve que han ganado votos partidos con una actitud más radical que el PSOE en la cuestión de las bases. Ello se refleja incluso en grupos regionalistas de derecha, como el que va a encabezar el Gobierno de Aragón, que ha pedido el cierre de la base de Zaragoza. Ciertamente, de las posibilidades que actualmente se perfilan en el panorama político español, el PSOE y sus planteamientos negociadores distan mucho de ser la peor opción para los intereses de EE UU. En cuanto a la sesión de las Cortes, es esperable que contribuya a reforzar las exigencias españolas en el último tramo de la negociación.