Maravall pide un debate

EL MINISTRO de Educación, José María Maravall, ha invitado a la sociedad española a un debate público sobre lo que debe ser el nuevo sistema educativo no universitario -desde la etapa infantil a los aledaños mismos de la Universidad-, con vistas a su implantación a lo largo de la década de los noventa. Los resultados del debate serán recogidos en un libro blanco, que dará al Gobierno las pautas para la elaboración de la ley que reordene, con visos de perdurabilidad, un segmento educativo sometido a cambios constantes y, con frecuencia, contradictorios.La propuesta para debate del ministro José María Maravall es ambiciosa, pero cojea ostensiblemente por el lado de la formación profesional, un problema aplazado desde hace demasiado tiempo en España. Se proyecta la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, lo cual está muy bien, siempre que se haga efectiva desde ya la escolaridad en los niveles educativos inferiores y dejen de ser posibles espectáculos tan denigrantes como el de los racimos de niños que pululan como vendedores ambulantes en las esquinas de las grandes ciudades. También se proyecta la regulación de la enseñanza infantil, a merced hoy, salvo ejemplares excepciones, de, una iniciativa descontrolada. Se contempla, finalmente, la supresión del actual curso de orientación universitaria (COU).

Por lo demás, sorprende, como decimos, que una propuesta de transformación tan profunda de las enseñanzas básica y media no ponga más énfasis en encontrar una verdadera. salida a la formación profesional. La propuesta ministerial no hace sino reproducir los mismos, males que aquejan a esta enseñanza desde hace años, y ello es grave en un momento en que España está obligada a medir su capacidad industrial con la del resto de los países de la Comunidad Europea. Ahora el camino de la formación profesional sólo se ofrece a los adolescentes que no consiguen superar los estudios de EGB. Para nada se proyecta la desaparición de la doble titulación actual: título de graduado escolar y certificado de escolaridad, según hayan superado o no lascalificaciones mínimas de la enseñanza general básica.

Esa titulación divide a la población estudiantil, a los 14 años, en listos y tontos. Los primeros podrán acceder a la Universidad por la vía del bachillerato, y los segundos se verán obligados a encarrilarse por el camino de una formación profesional de primer grado, cuyo deterioro no puede ser mayor. El retrasar en dos años esa nefasta división, dado que la escolarización obligatoria se amplía hasta los 16, no es solución de nada. En esas condiciones, parece seguro que la demanda universitaria no decrecerá, pues el título obtenido en la Universidad mejora las esperanzas relativas de encontrar empleo y otorga un reconocimiento social que la formación profesional no ofrece.