El Reino Unido rechazó una oferta española para lograr un compromiso sobre el aeropuerto del Peñón

I. CEMBRERO ENVIADO ESPECIAL, El Consejo de Ministros de Transportes de la Comunidad Europea volverá a reunirse el próximo día 30 para intentar suscribir el acuerdo sobre la liberalización aérea europea, después de que ayer fracasaran de nuevo los contactos entre España y el Reino Unido sobre el trato que los doce darán al aeropuerto de Gibraltar. La delegación española presentó una última propuesta, que preveía la aceptación de la directiva comunitaria y su aplicación en Gibraltar siempre que se acordase una reunión posterior de los dos países implicados para buscar una solución al conflicto y proponer ésta a la CE. El Reino Unido rechazó la iniciativa.

Tras más de 10 horas de infructuosas negociaciones bilaterales y a doce para superar el escollo, el presidente del Consejo de Ministros de Transportes, el belga Hermann de Creo, renunció temporalmente a seguir esforzándose por aunar puntos de vista y optó por convocar otra reunión de sus colegas el próximo martes, día 30 en busca de la liberalización del transporte aéreo. Este nuevo consejo ministerial se desarrollará en paralelo a la cumbre que los jefes de Estado y de Gobierno de los doce celebrarán el lunes y martes en la capital belga, pero tanto el titular español de Transportes, Abel Caballero, como su homólogo británico, Paul Channon, se declararon ayer pesimistas sobre la posibilidad de alcanzar entonces un compromiso."La delegación británica no tiene excesivo interés y, por tanto, no soy en absoluto optimista", afirmó el primero, mientras el segundo enfatizaba que, "dada la actitud española, no estoy exactamente eufórico", y a renglón seguido intercambiaron por separado, acusaciones sobre la intransigencia del otro bando.

La última propuesta que se puso ayer por la tarde sobre el tapete fue, sin embargo, sugerida por la Comisión Europea, según fuentes fidedignas, y contaba además con el beneplácito de la presidencia belga, pero no por eso su acogida por el representante de Londres fue mejor.

La primera ministra británica, Margaret Thatcher, y Felipe González dialogaron por teléfono, porque previamente recibieron sendas llamadas del presidente de la Comisión Europea, el francés Jacques Delors, que les instó a ponerse de acuerdo, según fuentes comunitarias de absoluta solvencia. [No obstante, portavoces de la Moncloa precisaron que el presidente del Gobierno español no mantuvo contacto telefónico con la primera ministra británica].

Los titulares de Transportes lograron ayer, de madrugada, un acuerdo sobre la "desregulación" del tráfico aéreo civil en Europa, pero el jefe de la delegación española, el ministro Abel Caballero, señaló que, si era sometido a votación, se pronunciaría en contra -la aprobación requiere la unanimidad- si no se daba previamente satisfacción a España sobre la cuestión de Gibraltar. Caballero ha solicitado en sustancia que el Peñón quede provisionalmente excluido de la aplicación de la directiva comunitaria, a la espera de que, en el marco de una comisión mixta, españoles y británicos logren un acuerdo sobre el polémico aeropuerto, un tema del que vienen discutiendo desde que hicieron en Bruselas, en noviembre de 1984, una declaración conjunta.

El secretario de Estado británico de Transportes matizó ayer su postura al aceptar dejar en suspenso la suerte del aeródromo gibraltareño, a la espera de la negociación bilateral, pero pidió que ésta no excediese de tres meses, y dio a entender que debería ser justificada alegando obras de mejora de sus instalaciones.

De "inaceptable" calificó el director general de Europa, Jesús Ezquerra, que acompañaba a Caballero, el empeño de Channon por fijar una fecha límite, después de la cual teme que la directiva, comunitaria afecte al Peñón, haya o no acuerdo entre Londres y Madrid.

Pero lo que más disgustó a la delegación española es que sus interlocutores británicos "pretendan encubrir, con pretextos técnicos sobre la deficiente infraestructura de su colonia, una decisión eminentemente política", según explicó Javier Elorza, número dos de la representación de España ante la Comunidad Europea. Caballero reiteró que la normativa comunitaria que autoriza a operar vuelos entre la Roca y aeropuertos de primera categoría en España y en el resto de la Comunidad Europea "alteraba el status quo de Gibraltar y vaciaba de contenido las conversaciones bilaterales".