Editorial:Editorial
i

Terrorismo de Estado

CAUSA HORROR la noticia de las 12 muertes perpetradas por la llamada Central Nacional de Informaciones (CNI), policía política de Pinochet, en diversas barriadas de Santiago de Chile. Las justificaciones oficiales no resisten un análisis objetivo: decir que se han producido "enfrentamientos" cuando hay testigos presenciales de la alevosía con que se cometieron los homicidios, cuando no hay heridos entre las fuerzas de seguridad y cuando los terroristas -según la versión oficial- estaban fuertemente armados es tan in congruente que casi equivale a una confesión de culpa. Ante una operación de esta naturaleza huelga discutir si los muertos eran o no miembros de una organización guerrillera y si participaron en el- atentado del año pasado contra el general Pinochet. En cualquier país civilizado, a los delincuentes, a los asesinos incluso, se les detiene para llevarlos a los tribunales. No se les caza disparando sobre ellos cuando salen de sus casas.

Nos hallamos ante verdaderos crímenes de Estado. La dictadura de Pinochet recurre a métodos brutales no sólo en un intento de aterrorizar a la oposición, sino también para paralizar los fermentos de división interna que han surgido en el propio sistema político y militar.

Asesinar a miembros de la oposición no es algo desconocido en la trayectoria de la dictadura chilena. En 1983, cinco militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron muertos en Santiago, y en 1984 también lo fueron, en condiciones semejantes, nueve presuntos miembros de la misma organización en diversas ciudades del país. En ambos casos se trató de operaciones llevadas a cabo por la CNI. Hace un mes, el Gobierno anunció que ésta ya no practicaría detenciones y que desaparecerían los centros de reclusión controlados por ella. Se interpretó esa medida como un paso hacia una mayor normalidad jurídica, acabando con las formas paraestatales de represión. Ahora resulta que, por el contrario, la CNI ha perpetrado una matanza de mayores proporciones que nunca.

En Chile, ningún tribunal ha podido juzgar crímenes de este género cometidos por los agentes del poder. Pero sí ha podido hacerlo un tribunal de Washmgton en relación con el asesinato, cometido en 1976 en dicha ciudad, de Orlando Letelier, antiguo ministro del presidente Allende. El tribunal ha condenado a varios militares chilenos, y en particular al ex general Manuel Contrera y al ex coronel Pedro Espinosa, que fueron, respectivamente, jefe y jefe de operaciones de los servicios especiales (DINA). Las reiteradas demandas de extradición que la justicia norteamericana realiza han sido rechazadas por la dictadura chilena, con lo que ésta ha aparecido claramente ante la opinión pública mundial como protectora de unos militares convictos de asesinato y como la verdadera culpable del atentado que costó la vida a Letelier. Este caso permite comprender hasta qué punto el terrorismo de Estado ha desempeñado un papel en los métodos de Pinochet.

En la actual coyuntura, cuando el dictador tropieza con serias dificultades, sobre todo en la Marina y la Aviación, para que la Junta Militar apruebe su candidatura para el plebiscito previsto en 1989, la matanza que comentamos, disfrazada de "choques armados", tiene objetivos políticos. Pinochet desea crear un clima de angustia para presionar sobre los jefes militares en el sentido de que su presencia al frente del Estado es imprescindible. Pero procedimientos tan odiosos y salvajes sólo hablan de la bajeza moral del régimen que los utiliza y de la sinrazón de quienes lo representan. Se hace más urgente encontrar formas que acorten la tragedia de Chile, que devuelvan al país su antigua dignidad y que impidan que el asesinato sea una forma de gobierno.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 17 de junio de 1987.

Lo más visto en...

Top 50