El ex director médico de BeIlvitge considera "irónico" su procesamiento por el caso del SIDA

Los tres directivos y los dos facultativos de la residencia de la Seguridad Social Príncipes de España de Bellvitge, procesados por su supuesta implicación en las transfusiones de sangre con anticuerpos del SIDA abonaron ayer una total de 3,9 millones de pesetas en total para eludir su ingreso en prisión, dictado el jueves por el Juzgado de Instrucción número 4 de I'Hospitalet. El ex director médico del hospital, Josep Maria Cápdevila, calificó de "irónico" su procesamiento por dos supuestos delitos contra la salud pública, "porque soy". dijo,"un hombre de hospital que cree en la sanidad pública".

Los cinco procesados comparecieron ayer en las dependencias judiciales para comunicárseles el auto de procesamiento y para realizar la declaración indagatoria. Los abogados de los cinco procesados manifestaron que pensaban recurrir el auto de procesamiento.Capdevila, que dimitió de su cargo el 2 de marzo tras conocerse los hechos, acudió al juzgado pasadas las diez de la mañana para abonar los dos millones de pesetas de fianza que le había fijado el juez.

Por su parte, los otros cuatro procesados depositaron las fianzas durante la tarde de ayer. El ex gerente de la residencia Fortunato Frías González abonó 400.000 pesetas. La responsable del banco de sangre, Carme Ferran Camps; el inspector de este departamento, Antoni Rubió Baget, y un médico adjunto a este servicio, Roberto Ramón Sans, depositaron cada uno sendas fianzas de medio millón de pesetas. Capdevila permaneció durante más de una hora en el juzgado de instrucción. Según señaló su titular, Juan Miguel Jiménez de Parga, el ex director se mostró indignado por su procesamiento, así como por los tres delitos que se le imputan.

Sorpresa por el procesamiento

A la salida del juzgado, Capdevila manifestó que "no esperaba ser procesado", y señaló que su procesamiento por dos delitos contra la salud pública le parecía "irónico" porque era un hombre de hospital que cree en la sanidad pública".Estos dos delitos se encuentran tipificados en los artículos 343, y 343 bis del Código Penal y si sancionan con penas de hasta seis años de prisión y de hasta seis meses, respectivamente, además de sendas multas que oscilan entre las 20.000 y las 100.000 pesetas.

El tercer delito que se le imputa a Capdevila es el incumplimiento durante cuatro meses de una orden del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat por el que se obligaba a los bancos, de sangre de Cataluña a efectuar la prueba de detección de anticuerpos del SIDA en todas las donaciones que se produjeran. En relación a esta acusación, Capdevila señaló que "yo no acostumbro a desobedecer las órdenes".

Preguntado por qué no autorizó la compra del material necesario para efectuar las pruebas hasta transcurridos unos meses desde la publicación de la orden, el ex director del hospital precisó que "estos son detalles que no puedo concretar y que se aclararán cuando se llegue hasta el fondo del asunto". El incumplimiento de la citada orden de la Generalitat podría suponerle a Capdevila una pena de seis años de inhabilitación especial.

Capdevila admitió también la posibilidad de que otros hospitales públicos catalanes hubiesen incumplido la normativa de la Generalitat.

El juez Juan Miguel Jiménez de Parga manifestó que "si aparecen nuevos datos podrían dictarse nuevos procesamientos" y admitió que el sumario del caso sufriría modificaciones si se conociese la existencia de más perjudicados por las transfusiones de sangre con anticuerpos del SIDA.

El juez dijo también que hasta la fecha ninguno de los tres perjudicados por las transfusiones de sangre ha reclamado indemnizaciones.