La sanidad como excepción

El Tratado de Roma, que dio marco a la Comunidad Europea (CE), no impide que un Estado miembro expulse a un ciudadano de otro país también perteneciente al Mercado Común, hecho que sufrieron en Grecia la pasada semana dos españolas. Una directiva aprobada por los responsables de Sanidad de la CE en los años sesenta ya reguló algunas excepciones respecto al derecho de libre circulación de los ciudadanos comunitarios por los países miembros. Y esas excepciones se referían precisamente a casos de enfermedades contagiosas y peligros para la salud pública.

Los casos de las dos españolas son los primeros conocidos de ciudadanos comunitarios que son expulsados de un país de la CE, pero existieron precedentes con visitantes de otras nacionalidades.

El primer caso de expulsión conocido en la CE se dio a principios de año en el Reino Unido. Un norteamericano, jefe de cabina en una compañía aérea de EE UU, portador del virus, fue retenido en la torre del aeropuerto de Gatwick y después expulsado. La torre de control fue advertida por el comandante del avión, que le conocía. El enfermo iba a visitar a su madre, residente en el Reino Unido.

Dentro de la Comunidad han comenzado a ser aprobadas legislaciones relativas al control de extranjeros sospechosos de portar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). La más estricta fue impuesta en el Estado de Baviera (República Federal de Alemania), de mayoría conservadora. Allí es preciso un análisis de sangre para los aspirantes a funcionarios, los drogadictos, las prostitutas, los presos y los ciudadanos ajenos a la CE que deseen un permiso de residencia.

Manuel Marín, español, vicepresidente de la Comisión Europea, es partidario de evitar que cada Estado de la CE tome medidas por su cuenta. Un grupo de expertos de los doce intenta armonizar criterios en reuniones periódicas que se celebran en Bruselas. Aparentemente, hay un cierto consenso para que eventuales medidas sólo se apliquen a terceros países y sobre todo a personas -incluso ciudadanos comunitarios- procedentes de zonas muy afectadas: África negra y EE UU.

Los representantes holandeses, británicos y, en menor medida, alemanes occidentales han sido los más duros en sus posturas durante los intercambios técnicos de puntos de vista que se han efectuado hasta ahora en el seno de los organismos comunitarios.

Bélgica ha empezado a exigir certificados entre los 1.500 estudiantes procedentes de Zaire, ex colonia belga; el Reino Unido y Alemania Occidental han sugerido en esos contactos previos la eventual imposición de controles. Por ahora, el único país que exige pruebas anti-SIDA en sus fronteras es Irak, que impone un análisis para los extranjeros que quieran permenecer más de 15 días en el país.