La fijación de precios y la reforma agraria dividen a los países de la CE

AGENCIASEl Consejo de Ministros de Agricultura de la CE, que ayer continuó sus sesiones en Luxemburgo por segundo día consecutivo, se enfrenta a las fuertes diferencias entre los países comunitarios ante la disyuntiva de proceder a un descenso considerable de los precios de intervención para los productos agrarios para la campaña 1987-1988 o adoptar medidas de saneamiento de la política agrícola común (PAC).

Los problemas financieros derivados de la política agrícola -que absorbe e1,65% del presupuesto de la CE- provocan fuertes discrepancias sobre las soluciones a aprobar, dados los distintos intereses de los Estados miembros. La mayor parte, de los doce se opone a la propuesta de la Comisión Europea de combinar una importante reducción de la intervención de las producciones de cereales con la congelación o la baja de los actuales precios garantizados a los agricultores. España acepta la congelación de precios, puesto que la aproximación a los niveles comunitarios significará ya una subida del 4%."Si la CE renunciara a reducir la intervención, las bajas de precios proyectadas deberian entonces ser más importantes", según advirtió al comienzo del debate el comisario de Agricultura, Frans Andriessen. Andriessen y el secretario de Estado belga, Paul Keersmaeker, presidente de turno de este Consejo de Ministros, hicieron ayer el balance de las entrevistas mantenidas el lunes con cada una de las delegaciones.

La propuesta de la Comisión se concreta en una congelación del precio del trigo blando, una baja del 2,5% para los cereales forrajeros y del 4,7% para. el trigo duro. Además plantea reducir de siete a cuatro meses el período de intervención.

En los debates de ayer estaba prevista asimismo la discusión sobre otros tres puntos conflictivos de este maratón agrícola: la reforma del sector de las materias grasas, cuyos excedentes resultan muy costosos, las medidas para las frutas y hortalizas, y los montantes compensatorios monetarios. Éstos últimos tienen por función equilibrar las diferencias monetarias entre los precios de los distintos países comunitarios. Para España, representan una penalización a sus exportaciones agrarias.